La agenda política de los próximos días quedó signada desde el viernes por el paquete de leyes tendientes a democratizar el Poder Judicial, con iniciativas que seguramente serán resistidas corporativamente, como la elección popular de los jueces, abogados y catedráticos que integran el Consejo de la Magistratura.
Cristina considera que la utilización de las medidas cautelares utilizadas alegremente para obturar medidas de fondo, producen una “distorsión del derecho” y enviará en consecuencia un proyecto de ley tendiente a reglamentar ese instrumento jurídico.
También promoverá un proyecto tendiente a limitar que ese poder del Estado se integre permanentemente con parientes de los jueces, lo cual producirá igualmente algunas reacciones de defensa corporativa.
Pero la batalla central se dará seguramente en el Congreso sobre el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que fue incorporado a la Constitución Nacional durante la reforma de 1994 y está integrado actualmente por dos abogados, tres jueces, un académico, seis legisladores y un representante del gobierno.
Los legisladores llegan a ese cargo con la legitimidad de origen que les da haber sido elegidos por el pueblo para legislar, pero el resto sólo se somete a elecciones internas: “Los jueces y abogados no tienen coronita”, dijo la Presidenta durante su prolongado discurso del viernes en el cual planteó la reforma judicial.
El proyecto ampliará además el número de académicos que participen en el Consejo de la Magistratura y permitirá que no sean especialistas en derecho, con la idea de que la justicia no es propiedad exclusiva de los juristas, sino de todo el pueblo.
Con los proyectos que enviará seguramente esta semana al Parlamento, Cristina Fernández intenta sacudir la modorra.
El combo es muy vasto y, de ser aprobado íntegramente, generará sin dudas un sacudón de raíz en el aparato judicial. “Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron presidentes, y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada”, advirtió la jefa de Estado. A nadie, por lo menos en la Corte, se le escapó el detalle de que en el saludo inicial incluyó a todo el mundo -gobernadores, diplomáticos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, legisladoras y legisladores, el pueblo y los jóvenes- menos a los jueces supremos, dos de los cuales estaban allí sentados, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni.
Las leyes y medidas de Cristina Kirchner para democratizar la Justicia tienen algunos rasgos salientes: no requieren una reforma constitucional; apuntan a reducir la hegemonía y los privilegios corporativos; se basan en una mayor participación popular en los procesos judiciales; e inevitablemente impactarán en el espectro de dominación y las funciones de la Corte Suprema.
- 03 marzo 2013