Comienza la audiencia pública por la Ley de Glaciares con participación récord

Con más de 102 mil personas inscriptas en todo el país, este miércoles comienza en la Cámara de Diputados la audiencia pública por el proyecto que modifica la Ley de Glaciares, en uno de los debates ambientales más relevantes del año.

La actividad se desarrollará desde las 10 en el Anexo C del Congreso, bajo una modalidad mixta —presencial y virtual— y con transmisión oficial. El proceso, que cuenta con aval judicial, se extenderá por más de 28 horas y prevé cerca de 200 exposiciones por jornada.

El nivel de convocatoria marca un hecho inédito en el ámbito legislativo. Según la organización, se registraron 102.116 inscriptos, entre quienes participarán como expositores o presentarán ponencias escritas y audiovisuales.

Durante la primera jornada se espera la intervención de unos 180 oradores presenciales, mientras que el jueves se sumará una cifra similar de participantes en formato virtual.

La audiencia fue convocada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, en el marco del tratamiento de un proyecto impulsado por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado.

El ingreso al Congreso estará habilitado desde las 9, aunque solo podrán acceder quienes hayan sido previamente acreditados. En tanto, todos los diputados nacionales podrán participar sin restricciones.

El inicio del proceso se produce luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazara un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas.

El magistrado consideró que no había fundamentos suficientes para frenar el desarrollo de un acto parlamentario, habilitando así la realización de la audiencia.

Finalizadas las exposiciones, el oficialismo buscará avanzar con la firma del dictamen en la primera semana de abril para llevar el proyecto al recinto.

Se anticipa un debate intenso y de alcance nacional, en torno a una normativa clave que regula la protección de los glaciares y el uso de los recursos naturales, en un contexto donde distintas provincias —como Chubut— siguen de cerca el impacto que podría tener en sus territorios.