La resolución, que cuestiona severamente el proceder del juez en la causa, fue dictada por la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal con la firma de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, en disidencia Eduardo Farah.

La defensa de Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Kirchner, había planteado la nulidad de una medida ordenada por el juez relacionada con la convocatoria a contadores de la Corte Suprema de Justicia y la Sala I hizo lugar a la medida, decidiendo que deberá sortearse un nuevo juez del fuero federal para continuar investigando el caso.

La defensa técnica de Mercado postuló la invalidación de la resolución de Bonadío del 13 de febrero del corriente año a través del cual él a que dispuso librar oficio al Cuerpo de Perito Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se designe un equipo de especialistas para "colaborar en el análisis e investigación sobre aspectos técnicos en la materia".

El letrado sustentó su postura invocando una afectación al derecho de defensa en juicio de su asistida, que se habría generado a raíz de la omisión de Bonadío de dar cumplimiento a los artículos del código procesal que otorgan a las partes la posibilidad de recusar a los peritos designados para el caso y proponer tanto peritos de parte como puntos de pericia.

Luego los defensores de Lázaro Báez, también imputado en el caso, adhirieron al planteo.

Para el camarista Freiler la decisión de Bonadío "ha generado un grave menoscabo al derecho de defensa en juicio de sus pupilos, por lo que debe ser invalidado". Además consideró que se vulneró la facultad y el derecho que tienen las partes de controlar la tarea investigativa y ejercer la defensa en juicio.