Cómo se preparó el escenario para asesinar a un mapuche

Estigmatización y criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y familias terratenientes; además de ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos. Fue un combo mortal.

En lo que ocurrió en Cuesta del Ternero no hay que dejar de lado el cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, así como el envío de Gendarmería por parte del gobierno nacional y una política de desgaste por más de 50 días.

Estos hechos construyeron el escenario que terminó -poco después de que se levantara el acampe solidario- con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a quienes protestaban en El Bolsón.

Soraya Maicoño, vocera de la lof, relató: “entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco”. Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro sentenció: “que no nos vengan a hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos”.

LA PREVIA

La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre. “Hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como ‘Tapera de los Alamos' en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace más de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos”, anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: “esta porción territorial, además de estar muy contaminada, viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general de origen extranjero”.

Y resaltaban un dato crucial: “Nosotros somos preexistentes: no vinimos de afuera; nacimos en este lugar”.

NI PAN NI AGUA

Luego de la recuperación territorial, el 24 de septiembre hubo un primer intento del gobierno de Arabela Carreras de desalojar la recuperación con al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro. Tras la represión, la policía se llevó detenidos a varios integrantes a la Comisaría 12° de El Bolsón, a pesar de que había un acuerdo con el fiscal de la causa, Francisco Arrien, para una audiencia de conciliación que no se cumplió.

Ante los hechos represivos, se conformó una amplia red de organizaciones para acompañar a la Lof Quemquemtrew y repudiar la represión. Incluso, el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, se expresó al respecto, sosteniendo que “la Lof Quemquemtrew se encuentra en emergencia humanitaria por el accionar violento del Estado”. También, a fines de septiembre, hubo una caravana en apoyo a la Lof Quemquemtrew y conferencia de prensa en el acampe humanitario. En tanto, en este contexto, la CIDH pidió informe al Estado argentino por la Lof Quemquemtrew.

En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó su territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien negó el ingreso de alimentos y abrigo al territorio, considerando que “al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), el ingreso de alimentos consolida la usurpación”.

MILITARIZACION, HOSTIGAMIENTO Y RACISMO

Así se fue instalando un clima de militarización, hostigamiento y racismo, sin garantías para los pueblos originarios, con un cerco del COER que llegó a superar los 50 días. Esto fue acompañado mediáticamente con una campaña estigmatizadora y criminalizadora contra el pueblo-nación mapuche y las recuperaciones territoriales de las comunidades, de la que participaron casi todos los medios locales, regionales y que, a nivel nacional, estuvo encabezada por un periodismo de comisaría que preparó la represión, de la mano de Clarín (con los informes de Lanata anunciando que “los indios vienen por la Patagonia” y que quienes integraban la Lof Quemquemtrew eran una “guerrilla terrorista”), Infobae y La Nación, principalmente, vinculando además los ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos de El Bolsón y pueblos cercanos con las comunidades protagonistas de las recuperaciones.

En el caso del programa PPT de Jorge Lanata, el informe construyó y difundió una imagen del “indígena” como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando información y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisión del programa ocurrió, casualmente, cinco días después de la desaparición del militante social Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, en 2017, de la cual el gobierno actual ni el anterior aún no han dado respuestas.

Finalmente, la campaña de estigmatización y criminalización se fortaleció también de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche.

Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunció que en el gobierno nacional de Alberto Fernández y en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) había cómplices de la violencia mapuche.

En aquella ocasión, también, acusó a otras dependencias, como el directorio de la Administración de Parque Nacionales (APN) que está bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la recuperación de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, especulando políticamente en las vísperas de las elecciones y ante la presión de la gobernadora Carreras y los medios opositores, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, envió efectivos de Gendarmería a la zona.

LA MUERTE ESTABA ESCRITA

Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que terminó este domingo 21 de noviembre por la tarde -alrededor de las 15, según los testimonios de los comuneros- con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar -supuestos cazadores- que lograron pasar el fuerte cerco que el COER mantuvo por más de 50 días.

Allí, según los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quirófano del Hospital de El Bolsón y ahora se encuentra internado y estable.

Como broche del día, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bolsón, que estaban vestidos como gauchos y paisanos, festejaron en las calles el asesinato y amenazando con palas, cuchillos y armas, disolvieron las protestas que se realizaron en la noche del domingo en repudio al ataque.

Silvia de los Santos, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), fue contundente sobre el contexto legal en el cual ocurrió el crimen: “el viernes a la mañana intentamos presentar un recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el Superior Tribunal de Río Negro rechazó el recurso de casación diciendo que acá está todo bajo el control del Poder Judicial ‘con las debidas garantías'. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio -hoy ya consumada- y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparición forzada. No son ‘dos cazadores'. Fue una ejecución parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar cómo la Constitución Nacional no sirve para nada. Cómo, especialmente la fiscal Betiana Cendón y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a Criminalística al territorio”.

Asimismo, destacó que “la compañera de la persona asesinada denunció la semana pasada violencia de género (acoso) por parte de dos policías del retén. Nada es casual. Esta es una nueva crónica de una muerte anunciada”.

Fuente: ANRed

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