Referentes de la unidad académica Caleta Olivia de la UNPA lanzaron una convocatoria a toda la comunidad para sumarse mañana jueves a la Marcha Federal Universitaria.
En esta ciudad, la quinta movilización nacional en defensa de la educación pública comenzará a las 17:00 y recorrerá las avenidas céntricas, estimándose que será masiva por las adhesiones que ya adelantaron diferentes sectores de la comunidad, incluyendo agrupaciones sociales, partidos políticos y gremios.
La convocatoria formal se hizo este miércoles en una conferencia de prensa de la cual tomaron parte el decano de la unidad académica local de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, magister Claudio Fernández; la representante del gremio de los docentes, ingeniera Natalia Seròn; el dirigente de los trabajadores no docentes, licenciado Facundo Pérez Toro; y la representante de los estudiantes, Daniela Gutiérrez (foto).
En ese marco dieron a conocer un comunicado de prensa por el cual se señala que “esta lucha no la elegimos nosotros. Nos la impuso un Gobierno nacional que descalifica, desfinancia y pretende desmantelar a las universidades públicas y al sistema científico que nuestro país construyó durante décadas”.
“No estamos frente a una discusión técnica, sino ante la crisis financiera más grave del sistema universitario desde el retorno de la democracia” añade el documento, precisándose que “entre 2023 y 2026, las transferencias del Estado nacional a las universidades públicas registraron un recorte acumulado real del 45,6 %”.
A ello suman el deterioro de los salarios de los trabajadores universitarios y la “destrucción del sistema de becas e investigación”.
“Frente a este escenario de vaciamiento–puntualizan-, el Congreso de la Nación sancionó y ratificó por mayoría la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795” que prevé “mecanismos claros de actualización salarial, gastos de funcionamiento y recomposición de becas, facultando al Poder Ejecutivo a readecuar las partidas por IPC”.
“Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó la ley mediante el Decreto 647/25 y, tras la insistencia del Congreso, dictó el Decreto 759/25, pretendiendo promulgar la norma pero suspendiendo su aplicación en los hechos”, puntualizan.