Por octava vez y a 12 años de su creación, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito vuelve a presentar el martes su proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, con las firmas de legisladoras y legisladores de todo el arco político, lo que reafirma el apoyo transversal que fue sumando esta histórica demanda.

En simultáneo se realizará un pañuelazo federal en más de cien ciudades del país y en las principales capitales del mundo. Se eligió el 28 de mayo para la presentación en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

El texto, despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación. Según publica Página 12, le incorporaron algunas modificaciones en relación al presentado un año atrás, en función del debate parlamentario y las discusiones territoriales que se dieron en las distintas regionales que componen la Campaña.

Incluye un capítulo especial donde reafirma la obligación del Estado en relación a la aplicación de la educación sexual integral y prevé “asesorías” para las mujeres o persona gestantes que así lo requieran, donde recibirán información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.

Además, fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Y eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.

El proyecto establece que se debe garantizar la práctica de la IVE dentro de los cinco días de su requerimiento y debe estar cubierta la práctica en hospitales, obras sociales y prepagas.

Una de las novedades que trae el texto es que se eliminó la causal de las “graves malformaciones fetales”, a raíz de los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad. Tampoco se incorporó la fórmula que se acordó en Diputados, que despenalizaba y legalizaba también el aborto en casos de fetos incompatibles con la vida extrauterina. Ni dice nada en relación a la objeción de conciencia. Lo que sí aclara es que no se puede pedir ningún permiso judicial a quien solicite un aborto en los términos que define la ley.

El proyecto establece los alcances del derecho a la IVE y al mismo tiempo realiza algunas modificaciones al Código Penal. Como el anterior, no criminaliza a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar que se sometan o practiquen un aborto por fuera del plazo de 14 semanas y de las causales establecidas. En el caso de los profesionales de la salud que intervengan solo mantiene penas cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.

En relación a las adolescentes, el texto dice que si se trata de una persona menor de 13 años quien demande la práctica, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”. Y cuando tiene entre 13 y 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. Si su vida o su salud corre grave riesgo por condición preexistente, el consentimiento lo deberá dar uno de sus progenitores. A partir de los 16 años se considera que tiene “plena capacidad” para ejercer los derechos previstos en la ley.

La Campaña es una articulación federal que nuclea a más de medio millar de organizaciones de mujeres, del colectivo LGBTTI, sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales.