El proyecto marco relacionado con la empresa acreedora de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) fue promovido por Viviana Navarro (FPV) quien planteó una serie de interrogantes acerca de la firma de la localidad de Sarmiento. La edil alega que se desconoce quién es su propietario aunque se le adeudarían 8 millones de pesos. La requisitoria, que obtuvo el respaldo de todo el cuerpo legislativo, se dirige concretamente a los poderes ejecutivos municipal y provincial solicitándoles que realicen el seguimiento del pedido en cuestión.

Entre otros interrogantes, se plantea quién es el responsable de la firma del convenio o acuerdo existente entre la SCPL y la empresa Rittner para realizar trabajos en el acueducto, también cuáles son las fechas de inicio y caducidad de tal convenio, cuántas personas trabajan para la reparación de motores del acueducto, y qué tipo de reparaciones se han efectuado.

Además, se consulta por el detalle de gastos efectuados en tales reparaciones en las últimas roturas registradas, qué participación tuvo la empresa en el último corte de agua y qué trabajos realizó. También si se afectó personal a esas tareas de reparación y qué trabajos se realizaron; junto a un detalle global de todas las reparaciones realizadas sobre los motores del acueducto y el costo de cada uno de los mismos.

A propósito de la SCPL, el bloque de la UCR planteó el malestar por la reunión registrada entre el Ejecutivo municipal representado en este caso por el viceintendente Carlos Linares, y el gremio de Obras Sanitarias que encabeza José Santiago. Es que según declaraciones posteriores, se le habría pedido al gremio la colaboración en la diagramación de un plan de contingencia, y que "sean parte de la solución y no del problema".

Así, José Gaspar cuestionó que el plan de contingencia debe diagramarse con la prestadora del servicio, la SCPL y no con el gremio. "Es la Municipalidad como autoridad de aplicación y la SCPL como responsable del servicio quien debe llevar adelante el plan, ¿o es que estamos hablando de una extorsión?, ¿hay que hablar con el gremio para que permita avanzar en el plan para que la gente de Comodoro no sufra?, si esto fuera así, sería vergonzoso y preocupante", reclamó.

Su compañero de bancada, Pablo Martínez compartió el cuestionamiento. Agregó que es Carlos Linares y el equipo de secretarios de gabinete, puntualmente el de Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero, quienes deben de modo conjunto con la SCPL -y no con el gremio - elaborar dicho plan de contingencias, que debería estar confeccionado para octubre, dada la proximidad del verano en una situación que ya se prevé critica.

CIRUJANOS

A la vez, el concejo emitió una expresión de deseos, ofreciéndose como intermediario entre los cirujanos y el Gobierno provincial, dada la negativa al diálogo directo planteada por los médicos denunciados por fraude al Estado.

El proyecto solicita a la Intendencia que comunicación mediante con el Ejecutivo provincial y el Ministerio "que corresponda" para acordar fecha y hora de reunión, y "comunicar a los cirujanos de nuestro hospital la decisión de este Concejo para propender al dialogo y final de conflicto".

En relación a este punto, y dado que el candidato a la intendencia por el Frente Progresistas, César Herrera había solicitado que provincia retire la denuncia presentada contra ocho cirujanos del sistema público de salud, Gaspar ironizó: "sería bueno que el candidato se acerque a algún abogado" porque las denuncias penales no se pueden retirar".

Gaspar también consideró la denuncia como un acto de "soberbia y autoritarismo" del ministro de salud señalando que "en cualquier ámbito los conflictos se solucionan hablando, más cuando se está en función de gobierno". Planteó que en este caso "el Estado es el más poderoso y va en contra de los más débiles que son los cirujanos". Consideró "lógico que se defiendan" y pidió que no quieran "tapar" con esto las deficiencias en la salud.

Además en la sesión, de la que no participaron Ricardo Gaitán ni Dario Espinosa (ChST), la UCR recordó que hace más de 60 días habían solicitado que el intendente concurra al Concejo para, en el marco de una reunión de comisión, brindar algunas precisiones sobre la causa federal que investiga la juez Eva Parcio y por la que se había allanado tanto la Municipalidad como el Concejo. Indicaron que mientras Néstor Di Pierro había dicho que se referiría públicamente al tema después del 25 de octubre, de modo previo debería reunirse con los ediles.