Condenan a 23 años de prisión a un ex agente de inteligencia militar

El ex agente de inteligencia militar Héctor Vergez fue condenado a 23 años de prisión por el secuestro y desaparición del abogado Julio Gallego Soto y del entonces funcionario del Ministerio de Economía Julio Casariego de Bell, así como del responsable del inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Javier Coccoz.
El ex agente del Batallón 601 de inteligencia militar fue condenado por el secuestro y desaparición del abogado Julio Gallego Soto y del entonces funcionario del Ministerio de Economía, Julio Casariego de Bell, así como también del responsable de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Javier Coccoz.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), que consideró probado que se trató de “crímenes de lesa humanidad” por los cuáles Vergez, un ex capitán del Ejército, también está siendo juzgado en la actualidad por delitos cometidos en el centro de detención ilegal de La Perla, en la provincia de Córdoba.
La de ayer se trata de la primera condena por crímenes en la dictadura cívico-militar que recibe Vergez, de 69 años, preso en el penal de Marcos Paz, y autodenominado “Rodolfo”, “Vargas” y “Gastón” durante la represión ilegal, a pesar de que se desempeñó como uno de los jefes de torturadores de “La Perla”, que funcionó en el Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba.
La Fiscalía había pedido que Vergez sea condenado a 30 años de prisión efectiva por el delito de “genocidio”, mientras que las querellas reclamaban, cada una, 21 años de cárcel.
Vergez, que en los años ‘90 trabajó en la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Carlos Menem y se desempeñó en la custodia de la entonces secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, también se encuentra procesado por otros casos de delitos de lesa humanidad ocurridos en Córdoba durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, de 1974 a 1976, por la banda terrorista paraestatal Comando Libertadores de América -versión cordobesa de la Triple A- hasta el golpe de 1976.
A fines de los ‘90 estuvo imputado de “estafa” a través de la llamada “Asociación Nacional contra la Usura” (ANCU), que presuntamente extorsionaba a endeudados hipotecarios en el oeste del Gran Buenos Aires para quedarse con sus bienes.

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