Los periodistas Luis Majul y Daniel Santoro, la productora del programa de televisión La Cornisa y el canal América TV fueron condenados a pagarle dos millones de pesos más intereses de seis años a un testigo de identidad reservada que aportó datos para la detención del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, cuyo nombre completo y ocupación dieron a conocer al aire. A la condena por dos millones debe sumarse los honorarios de todos los abogados, que duplican ese monto.

El fallo, firmado por la jueza civil de primera instancia María Eugenia Nelli, reprocha la situación de vulnerabilidad en que los periodistas expusieron al testigo, quien había acordado medidas de protección (entre ellas su identidad) atento al riesgo que significaba haber suministrado información para la captura de un prófugo buscado desde hacía más de cuatro años por su supuesta relación con el Triple Crimen de General Rodríguez.

“No hubiera habido ningún reproche y la presentación de la nota hubiera sido intachable, si directamente no lo nombraban, ni mostraban el acta. No resultaba necesario aportar los datos personales del testigo -aquí actor- para informar a la ciudadanía de manera acabada como, sin duda alguna, debe suceder en una república democrática”, sostuvo la jueza.

“Bastaba con dar a conocer el contenido de la denuncia para ilustrar acerca de los elementos que habían sido valorados por la justicia federal para citar a indagatoria a los funcionarios que investigaba”, añadió, en alusión al ex jefe de la AFI y hoy senador nacional Oscar Parrilli.

El testigo, vecino de la zona de la Triple Frontera, había aportado los datos para hallar a Pérez Corradi en agosto de 2015, cuando ya se había iniciado el proceso electoral que terminó con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Pérez Corradi fue detenido después del cambio de gobierno, lo que llevó al juez Ariel Lijo a llamar a indagatoria a Parrilli ante la acusación de haber demorado el aporte de la información para “proteger” a Pérez Corradi. Parrilli había sido sobreseído en esa causa, pero la Cámara Federal ordenó seguir investigando.