El estudio efectuado por la Universidad de La Matanza detalla cuáles habían sido las "condiciones" que los médicos pretendieron imponer para participar de una reunión que acercara a las partes en medio del conflicto. Estas abarcan en primer término que se retire la denuncia penal -cosa formalmente imposible- junto al mantenimiento del status quo legal; no mantener los parámetros establecidos por el Convenio Colectivo en cuanto a horarios, modalidad y oportunidad de trabajo de todos los cirujanos; desplazar al ministro de Salud y algunos de sus funcionarios de las negociaciones y el "blanqueo y aceptación de la situación laboral existente en los últimos diez años en los servicios de cirugía".

Es en ese contexto, que la Universidad de Lomas de Zamora, y por ende el Ministerio Nacional de Salud que solicitó el análisis, recomiendan iniciar las negociaciones contempladas por el decreto provincial que dictó la emergencia, aunque sugiere que esta debe llevarse sin los cirujanos denunciados, para no tener que negociar con profesionales que podrían haber cometido los delitos que se investigan, e iniciar los sumarios correspondientes, entre otras medidas ya mencionadas.