“Dictar la prisión preventiva en el marco de la protesta social será la regla en los próximos años en Argentina, se priva de la libertad sin condena, sin juicio oral y público, solo para ‘investigar’”. Con estas palabras, la Gremial de Abogados y Abogadas repudió la confirmación de la privación de su libertad de su defendido, Eneas Gallo, acusado de atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública y la tenencia de elementos incendiarios, tras haber sido detenidos durante el operativo que reprimió la protesta del 11 de febrero contra la regresiva Reforma Laboral. Los letrados exigieron también en la misma causa el desprocesamiento de Homero Aguirre, quien está imputado pero permanece en libertad. “Eneas es muy consciente de lo que es el estado argentino, y realmente la firmeza moral que él tiene a uno le da orgullo defenderlo, este tipo de compañeros saben que las reglas del juego las pone la política”, dice su abogado defensor y miembro de La Gremial, Siro Soto.

Gallo es repartidor de una app de comida, de 36 años, que desde la Asamblea de General Rodríguez, junto a otros vecinos, compañeros y militantes acompañan las marchas de los miércoles de las y los jubilados. A él lo detuvieron el 18 de marzo, una semana después de la movilización contra la Reforma Laboral. No pertenece a ninguna agrupación social ni política. “Él está siempre con los jubilados, indignado con la situación de los estudiantes, preocupado por trabajar para poder solventar también las necesidades de su madre que tiene Parkinson, todo eso lo parte al medio, y encima con la etiqueta de terrorista, que es muy difícil despegarla después en esta sociedad”, agrega.

Soto enfatiza que la ratificación de su prisión preventiva tuvo que ver con su condición de trabajador de clase baja. “Le dice que Eneas no tiene arraigo porque es un trabajador de Rappi, es un delivery, por lo tanto como no tiene un patrón físico que le esté diciendo dónde tiene que andar escupiendo sangre, ni ‘vínculo con ningún territorio’, hay un riesgo procesal de fuga”, describe el abogado. “Así, si vos alguna vez levantaste tu cabeza indignado por la situación de injusticia y aparte sos pobre, para esta justicia racista y clasista, directamente hay peligro de que vos te fugues”, apunta.

En efecto, la Sala 1 en su resolución expresó que “no se pudo advertir un trabajo que permita dar con el imputado, en tanto su calidad de repartidor de aplicaciones no tiene un lugar físico o jefe determinado al que acudir, como tampoco se acreditó un lugar de esparcimiento habitual ni ningún otro elemento que permita afirmar el arraigo del nombrado”.

Por otra parte, la fiscalía pretende el concurso real de los delitos para sumar las penas máximas, y Soto alerta que con la Ley Antiterrorista, además, se duplicarían. “Por tenencia de elemento incendiario (las famosas molotov) podrían darle 30 años por protestar, pero eso no define que sea un terrorista; la política define qué es un terrorista hoy, quizás pintar una pared o llevar una bandera”, agrega.