Ignacio Torres pidió informes sobre las acciones realizadas por el gobierno provincial con relación a estos residuos contaminantes, y propuso conformar una mesa con ONGs y empresas para evitar que sigan contaminando las playas y el mar.

En el proyecto presentado en la Cámara alta del Congreso nacional, el legislador por Chubut recordó que la Defensoría del Pueblo está facultada para interponer amparos y medidas cautelares contra los armadores de los buques que contaminan las costas, como así también contra las autoridades pesqueras y de seguridad marítima.

El legislador alertó que desde hace tiempo son arrojados al mar miles de cajones con capturas pesqueras, que terminan contaminando las costas de Chubut, causando un daño ambiental “muy grave”. Algunas de las costas afectadas, como Península Valdés, son reservas naturales e incluso zonas declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por ello, Torres recordó que las autoridades pesqueras y ambientales, tanto a nivel nacional como provincial, tienen “el deber” de prevenir y sancionar a quienes incurren en estas infracciones, agregando que “tampoco cumplen con la remediación”.

Por eso, recalcó que “ante la inacción de estos organismos de control, es imperioso que intervenga la Defensoría del Pueblo, que funciona en la órbita del Congreso de la Nación, para evitar que sigan ocurriendo estos daños contra el medio ambiente”.

A su criterio, “resulta un deber ineludible de su parte intervenir en el caso sin mayor dilación a los fines de evitar que siga produciéndose esta lesión ambiental ante la pasividad e inacción de los funcionarios públicos competentes, tanto en la esfera federal como provincial”.