Como muchas veces a lo largo de la historia del sindicalismo en la Argentina y particularmente de nuestra propia historia, la del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, debemos asumir con plena conciencia que estamos frente a una coyuntura histórica en la que nuestro nivel de organización y responsabilidad debe ser llevado a su máxima expresión.

El mundo en general está atravesando una crisis de la que se anticipa que habrá de producir cambios sustantivos y notorios respecto del modelo de relaciones e intercambios entre las naciones.

Los efectos extendidos en términos económicos de la pandemia, a los que se sumaron los provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania, han generado efectos en muchos aspectos, entre los que se destacan los relacionadas a nuestra actividad fundamental; esa que nos da nuestra identidad como trabajadores y trabajadoras de la energía eléctrica.

Lo que está ocurriendo es definido como una profunda crisis económica global, y en el ámbito de la energía eléctrica esto se manifiesta en que los combustibles fósiles, que componen la base de la matriz energética del mundo, son parte de la disputa establecida en el actual conflicto bélico y consecuentemente se han elevado los precios de las tarifas energéticas a niveles históricos en todo el mundo.

Esta situación creó un negocio de enormes proporciones para una parte del sector electro energético, me refiero a los generadores y los transportistas.

Este escenario se replica en nuestro país, pese a que estamos en condiciones de alcanzar la plena soberanía energética dadas las capacidades y recursos que poseemos, y por lo tanto deberíamos poder relativizar los efectos más complejos y negativos de la distorsión en los precios y tarifas del sector que se da a nivel global.

Sin embargo, las transformaciones estructurales respecto del rol del estado establecidas en los años noventa, no sólo pusieron en cabeza de empresas privadas la gestión de las actividades de generación y transporte de energía, sino que fundamentalmente le han permitido usufructuar la explotación de recursos naturales, apropiándose de una rentabilidad que debería usarse en beneficio de la producción industrial argentina, y, por ende, repercutir en la generación de trabajo digno y la distribución de recursos con justicia social.

El actual modelo de acumulación concentrada provoca que algunas empresas que en general tienen posiciones dominantes en el mercado, presenten balances con ganancias exorbitantes mientras el poder adquisitivo de los salarios cae continuamente producto de un proceso inflacionario provocado por la concentración económica, la voracidad empresarial y la especulación financiera que incluye un claro componente de desestabilización política.

Además, el actual gobierno nacional debió afrontar las derivaciones catastróficas del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional decidido por el gobierno de Juntos por el Cambio.

Ese crédito de casi 45 mil millones de dólares fue además espuriamente fugado casi en su totalidad. El presente y el futuro de argentina ha sido empeñado por una decisión que no constituyó un error de esa gestión, sino que fue una decisión premeditada para endeudar brutalmente al país y condicionarlo en términos soberanos, hipotecando el presente y el futuro de varias generaciones.

La economía es parte de un esquema de beligerancia política que intenta establecer las bases para la disputa electoral del próximo año. Ese endeudamiento genera entonces una severa limitación política.

Para que quede claro, la alianza política que cuando ejerció el gobierno provocó el cierre de más de 25.000 empresas en la Argentina, que aumentó las tarifas de los servicios públicos más de tres mil por ciento (3000%); que generó el crecimiento de los peores indicadores sociales como el desempleo, la pobreza y la indigencia, que endeudó finalmente a la Argentina en más de cien mil millones de dólares, extendidos en algunos casos a cien años, es la fuerza política que ahora anticipa que de volver a ser gobierno habrá de arrasar con los derechos sociales en nuestro país, incluyendo obviamente los laborales, sindicales y previsionales.

Debemos entender y comprender que todos los condicionantes estructurales que fueron diseñados y aplicados se usan para debilitar día a día al actual gobierno, intentando convencer a la sociedad que los responsables de este desastre, o sea el anterior gobierno, son quienes vendrán a sacamos del problema, y para hacerlo eliminarán nuestros derechos. Es muy difícil imaginar un planteo más perverso.

Esos derechos se comprenden en el marco de la construcción de una patria políticamente soberana, económicamente libre y socialmente justa. Exigimos responsabilidad política, conciencia histórica y compromiso real con el pueblo que dicen representar.

Es esencial que los trabajadores nos involucremos activamente en la disputa política para estar presente en donde esas soluciones políticas se piensan y deciden. Y para ello es necesario involucrarnos políticamente de manera activa y sostenida.

El panorama descripto nos interpela y nos desafía en un grado extremo. No existe la neutralidad en este escenario porque no participar es convalidar a quienes intentan destruir nuestros derechos. Vivimos en una región que posee condiciones excepcionales para el desarrollo de proyectos de generación de energías de fuentes renovables, complementadas ahora con la producción del llamado hidrógeno verde.

Es claro que existe la intención para que esos negocios se desarrollen con enormes beneficios para las empresas, la mayoría de capitales extranjeros que giran luego divisas al exterior, y que nosotros los trabajadores y las trabajadoras ocupemos un lugar sólo marginal del sistema.

En los últimos años, desde nuestro sindicato, a través de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, comenzamos a poner en valor nuestros conocimientos y a situar en discusión el modelo de desarrollo que se intenta imponer, de naturaleza estrictamente extractivista.

Hemos planteado con insistencia que en los proyectos de inversión de infraestructura de transporte energético se juega la posibilidad del desarrollo de nuestra región y que en la participación del estado en los proyectos de generación energética está la clave para participar en la apropiación de valor para generar un modelo de desarrollo armónico e integrado de nuestras provincias.

Hemos explicado -y lo seguimos haciendo- que es necesario que cada una de nuestras provincias cuente con una Empresa Provincial de Energía para poder participar en esos esquemas, pero también es vital generar un Mercado Eléctrico Regional que actúe como el ámbito en el que se resuelvan las relaciones de intercambio de compra y venta de energía entre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) nacional y nuestra región, en tanto que aportamos a la nación un enorme flujo de energía pero resultamos ciertamente perjudicados en el intercambio comercial.

Para ello también debemos actuar políticamente articulando con otros actores sociales y políticos como las cámaras empresarias, comerciales, asociaciones de productores, universidades y otras organizaciones sindicales.

Cuando el General Perón gestó nuestro modelo sindical, le adjudicó el rol de ser la columna vertebral del Movimiento Nacional que articula la Comunidad Organizada.

En este tiempo en que sabemos que existe la clara intención de barrer la estructura de derechos sociales que ha caracterizado desde hace más de 70 años a nuestra patria, debemos recuperar nuestro rol protagónico para, como decía Perón, "ser artífices de nuestro propio destino".

Nuestra participación política es un imperativo de nuestra esencia: El sindicalismo no fue pensado a partir de 1943 para ser sólo un mero organizador de legítimas protestas, un catalizador de los reclamos de la clase trabajadora. Fue concebido para ejercer la genuina representación política de los trabajadores y trabajadoras. Ese de debe ser nuestro compromiso individual y colectivo.