El lunes declararon cinco dueños de constructoras. Contaron que cuando el panorama fue crítico, a todos les dieron el dato de que había que contactar a un secretario privado del gobernador Mario Das Neves. Varios de ellos nunca habían escuchado el nombre de Diego Correa.
“Nos decían que la decisión de pago pasaba por el gobernador y por eso buscamos un acercamiento con su secretario privado”, declaró Carlos Pagasartundua, titular de la constructora Tresson, en referencia a su experiencia con el presunto pedido de coimas durante el inicio del tercer gobierno de Das Neves (2015-17).
El testigo declaró en el cuarto día del juicio oral y público por la Causa Revelación, que juzga la existencia de retornos de empresas de obra pública hacia exfuncionarios provinciales.
Pagasartundua fue uno de los cinco empresarios que se presentó, todos de constructoras que tenían contrato con el Estado en 2015 y a quienes les debían millonarios certificados de obra.
Apretado por las deudas, el empresario se entrevistó a solas con Correa en Casa de Gobierno. “Para acelerar el trámite me pidió un 5% del anticipo de la obra”. Dijo que se resistió, pero al cabo accedió. “No había alternativa. Era eso o no cobrar y cerrar sin pagar sueldos ni proveedores”. Le dejó los valores a Diego Lüthers en un sobre cerrado en Fontana 50.
APORTES DE CAMPAÑA
Carlos Almeida, exsocio gerente de Ledesma y Cía, recordó que el presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Papaiani, “nos informó que el Gobierno pedía hacer aportes para la campaña”. El efectivo y los cheques se dejaban en una mesa de esa entidad.
Uno de los receptores de la plata era Federico Piccione, quien viajaba seguido a Rawson desde Comodoro y entregaba a Correa lo que supuestamente “recolectaba” en esta ciudad.
“Cuando muere Das Neves no supimos qué hacer hasta que Piccione nos dijo que no había que pagar más y que había cesado esa operatoria”, graficó.
Su exsocio, Adrián Ledesma, firmaba los cheques de esta empresa. La situación era “muy mala, desesperante. Almeida me decía que para cobrar lo más rápido posible, sí o sí teníamos que hacer los cheques para esta gente. Les decíamos `los muchachos´”.
Eduardo Loza, de Emeco, contó que los cheques de los retornos se dejaban sobre una mesa de la sede de la Cámara en Trelew. “A inicios de 2017 ese método se perdió y nadie sabía qué pasaba. Yo noté qué algunas empresa sí cobraban y pregunté por qué; me dieron un celular y era el de Correa. Vino a mi oficina y me dijo que había que dejar un porcentaje”. Loza le entregó cheques por 432 mil pesos.
Carlos Laborda, de LAC, declaró que “nos pasaron el dato de que para cobrar había que hablar con alguien de apellido Correa”. El secretario privado le dijo que pedían aportes porque “se estaba armando una caja política”. Laborda no tenía efectivo. “Me dijo que era eso o no cobrar”.
Acordaron que primero la empresa recibiría un anticipo y que Laborda juntaría el monto del retorno. “De alguna manera le iba a cumplir, así que agendé su número y a los tres meses pasó por la empresa, buscó la plata y se fue. Eran $ 200 mil”.
Todos los relatos coincidieron en que ni la gestión de Martín Buzzi ni la de Das Neves canceló las deudas. Pero que entre promesas, ambos reclamaron sostener las obras para conservar la paz social.
Según el parte de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial, los testigos también coincidieron en la crisis financiera que padecían debido al importante atraso en el cobro de obras que estaban en construcción, como así también al sistema de crédito mediante descuento de certificados que operaba a través del Banco del Chubut durante la gestión del exgobernador Buzzi.
También explicaron las gestiones con los funcionarios tras la asunción de Das Neves en el gobierno a fines de 2015.
Fuente: Diario Jornada