Nacido en Gonzales Chaves en 1964 y graduado en la Universidad Nacional de La Plata, Gustavo Lleral (“Lolo” para los amigos) trajina tribunales de esta provincia desde hace más de una década. En 2004 fue designado juez de refuerzo de la Cámara en lo Criminal de Trelew y un par de años más tarde asumió como secretario del hasta entonces único juzgado federal de Rawson, el que hoy conduce Hugo Sastre.

Era su colaborador cuando en noviembre de 2016 se hizo cargo del nuevo juzgado federal, el 2, con asiento también en Rawson. Hasta entonces Chubut solo contaba con dos fueros de esta índole, el de Sastre y el que en Comodoro hoy conduce Eva Parcio.

En forma simultánea al 2 de Rawson se le daba vida al juzgado federal de Esquel, ya que hasta entonces todo aquello de índole de este fuero era investigado en Bariloche. Allí asumió Guido Otranto. Pronto la historia de ambos juzgados y jueces se cruzaría trágicamente.

Otranto y Lleral cobraron fama súbitamente en el invierno de 2017, cuando luego de un episodio de represión por parte de Gendarmería, desapareció en la cordillera el joven artesano Santiago Maldonado.

La impericia de Otranto –y de la fiscal, Silvina Avila- pronto lo dejó afuera de la investigación, por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comodoro Rivadavia, que decidió encargarle el caso a Lleral, quien debió mudarse prontamente desde la capital de Chubut a Esquel para tratar de esclarecer qué había pasado el 2 de agosto luego de un piquete en la ruta 40 y la embestida de una patota de gendarmes contra una decena de manifestantes a los que arrinconaron contra un río.

LA PROMESA

“Si hay algo en lo que cumplió el juez Lleral fue en que encontró el cuerpo de mi hermano”, admite hoy Sergio Maldonado, cuya lucha hizo que el caso no se olvidara fácilmente y así fue como el 17 de octubre del año pasado aparecía flotando en las frías aguas del río Chubut el cadáver del artesano desaparecido 77 días durante el gobierno de Macri.

El juez que había adoptado las medidas que no se atrevió a ordenar su antecesor debía ocuparse entonces de esclarecer cómo se sucedieron los hechos que llevaron a Santiago a terminar de la forma más cruel. Se tomó su tiempo.

Casi un año más tarde, en vísperas del promocionado G20 que le sirvió a Macri para dar otra muestra de genuflexión con el poder económico mundial, el juez Lleral cerró la causa Maldonado estableciendo que durante su desaparición el joven estuvo todo el tiempo en el río. De paso, eximió de cualquier responsabilidad al personal de Gendarmería. Tal como había dicho una y otra vez la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.

La familia de Maldonado afirmó entonces que el juez Lleral los había llamado para anticiparles que debía cerrar la causa porque “ustedes no se imaginan los aprietes que estamos recibiendo”. No dijo de parte de quiénes. Solo se puede especular.

LA DENUNCIA

Cuando parecía que una vez archivado para él ese caso maldito que lo arrojó a los primeros planos cuando este descendiente de sirio-libaneses siempre fue un hombre de bajo perfil, a Gustavo Lleral le estallaron en la cara las muertes de Puerto Madryn que todos atribuyen al narcotráfico. Y fueron un alto ministro provincial y un fiscal federal los que cargaron las tintas sobre él.

Al dar cuenta de que “el narcomenudeo está descontrolado”, Federico Massoni contó que a una de las jóvenes víctimas, Héctor López, la policía provincial lo había detenido en tres ocasiones, la misma cantidad de veces en que lo liberó el juez Lleral. Y fue más allá: directamente acusó al magistrado de frustrar todos los avances que hacía el Gobierno en la materia.

“No descarto pedir la destitución de Lleral por colaborar con el ilícito del narcotráfico”, acusó el funcionario.

Mientras el juez respondía las durísimas imputaciones con el argumento de la existencia de “vacíos legales”, el que le saltó a la yugular fue el fiscal federal Fernando Gélvez. “No nos dan los allanamientos, o los dan días después o porque no nos dan los allanamientos y reasume la investigación el juez, que es una atribución que posee, pero las medidas investigativas que dispone son básicamente las mismas. De esa manera por más que tengamos una Agencia de investigaciones (como la que propone crear Massoni), y todos los recursos, va a estar faltando la orden que pueda hacer que se ingrese a una vivienda”, se quejó el fiscal en el diario Jornada.

De este modo, el juez Lleral vuelve a tener una alta exposición pública en un tema en el que nuevamente hay muertos, y en este caso con una utilización de la crueldad pocas veces conocida en la provincia de Chubut.

A la vez, las acusaciones que hacen Massoni y Gélvez no son gratuitas. Parecen apuntar a aspectos más oscuros que ponen en duda la honorabilidad de un juez de la Nación.