Demandan en EEUU a un exoficial por la masacre de 1972

Familiares de cuatro víctimas de la llamada masacre de Trelew presentaron hoy una demanda civil en Estados Unidos contra el exoficial naval Roberto Guillermo Bravo por su presunta participación en el asesinato de presos y presas en la base militar de esa localidad en 1972.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó en un comunicado que la demanda civil en la que colaboró fue presentada en una Corte de Distrito del sur de Florida, en Estados Unidos.

Bajo la Ley de Protección de Victimas de Tortura, los familiares intentarán "llevar al exmilitar a la justicia por primera vez tras 48 años de impunidad", según el texto.

Bravo se fue de la Argentina en 1973, cuando fue nombrado agregado militar en Estados Unidos y, después de jubilarse de la Marina, se radicó en ese país y desde entonces reside en la ciudad de North Miami, Florida.

Según el comunicado, Bravo "es un ciudadano estadounidense naturalizado y un exitoso hombre de negocios".

La demanda civil fue presentada mientras se espera que se pronuncie la justicia en EEUU sobre la extradición de Bravo a la Argentina por su presunta responsabilidad en los crímenes cometidos en la Masacre de Trelew.

La presentación -un proceso civil corre en paralelo al pedido de extradición y constituye un nuevo pedido de reparación y de rendición de cuentas- fue acompañada por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés, Center for Justice and Accountability), en colaboración con el CELS.

"Después de la Masacre de Trelew, el régimen militar intentó encubrir los hechos y persiguió a quienes demandaban justicia y rendición de cuentas por los delitos ocurridos esa noche, incluidas las familias de las víctimas y sus representantes legales", recordó el CELS.

También advirtió que "tres sobrevivientes de la masacre fueron asesinados o desaparecidos" con posterioridad y los miembros de las familias de las víctimas "sufrieron amenazas por escuadrones de la muerte".

"Mi padre sobrevivió a la masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero fue asesinado antes de que pudiera hacer justicia", dijo la demandante Raquel Camps, quien expresó su anhelo de que "el sistema de justicia de los Estados Unidos pueda ayudarnos a lograr su objetivo, a cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina y a poner fin a los 50 años de impunidad de Bravo".

En 2012, casi tres décadas después del retorno del país a la democracia, se realizó un juicio penal contra varios de los responsables de la Masacre de Trelew.

Tres de los oficiales implicados fueron condenados, pero Bravo permaneció fuera del alcance de las autoridades argentinas, que ahora esperan por segunda vez su extradición (un primer intento en el 2010 fracasó).

"La Masacre de Trelew fue el preludio de los horrores que se darían más tarde, y en particular, durante el proceso", dijo la abogada de CJA, Claret Vargas; en tanto que Ajay Krishnan, socio del estudio jurídico Keker, Van Nest & Peters (también participante) expresó: "Estamos orgullosos de ser parte de un esfuerzo para dar voz a las familias cuyos seres queridos han sido silenciados por Bravo y el régimen militar argentino".

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