Buenos Aires (Télam)
El candidato a jefe de Gobierno porteño del Movimiento por Buenos Aires, Claudio Lozano, denunció ayer al gobierno de la Ciudad por «violar» la ley de desregulación de las obras sociales y «mantener como rehenes de la obra social de la Ciudad a los empleados públicos».
Lozano estuvo acompañado por su compañera de fórmula, María América González, y el candidato a primer legislador porteño, Martín Hourest, quien asumió la banca en lugar del fallecido Norberto Laporta, cuyo mandato vence en diciembre próximo.
Venimos a denunciar un pacto sindical-gubernamental que hace que los empleados públicos de la Ciudad no puedan optar por su propia obra social como indica la ley», dijo Lozano.
Los candidatos señalaron que esta situación hace que se transfieran a la obra social controlada por Sutecba «50 millones de pesos por mes y que los afiliados deban aportar el 6% de sus salarios, es decir el doble que el resto de los trabajadores del país».
La ley 472 de desregulación de la obras sociales fue aprobada por la Legislatura porteña en el año 2000 y debería haber entrado en vigencia tres años más tarde.
Por su parte, Hourest, quien presentará un proyecto en la Legislatura, -Lozano y América González lo harán en el Congreso Nacional- para exigirle al Poder Ejecutivo porteño el cumplimiento de la ley, llamó la atención «sobre la parálisis de las propias comisiones de la Legislatura».
Hourest señaló que «aquí no se han respetado los derechos colectivos ni individuales de los trabajadores y la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el compañero de fórmula de Telerman, Enrique Olivera, no hizo nada al respecto».
«Tampoco hizo nada la Comisión de Salud, que preside la macrista María Soledad Acuña, y que debe reglar e intervenir sobre la situación de la obra social», agregó.
Pero lo más grave - dijo Hourest- es que la Auditoría General de la Ciudad «desde el año 2002 no controla a la obra social que recibe 50 millones de pesos por mes de los trabajadores».
El legislador porteño agregó que «estos fondos son equivalentes a tres Skanska y se transfieren sin que la Auditoría revise, sin que el Ejecutivo cuestione y sin que el Legislativo controle».
Por último Lozano destacó que la suya «es la única fuerza que tiene entre sus propuestas resolver el problema de la obra social de los trabajadores de la ciudad».