La denuncia, dirigida también contra “todo funcionario y/o asesor” del GCBA “que haya tenido intervención” en el traspaso, la presentó ayer el presidente del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad (CEPES), Ariel Mauricio Saegh, y quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo.
La denuncia consignó que Macri, “de manera tan intempestiva como antijurídica” y “por una vía absolutamente inidónea”, el 29 de febrero último anunció en conferencia de prensa que no se haría cargo de la transferencia del servicio de transporte subterráneo.
Según el titular de CEPES el Acta-Acuerdo suscripta por ambos gobiernos el 3 de enero de 2012 sobre el traspaso del servicio “tuvo comienzo de ejecución” y una muestra de ello es la fijación de una nueva tarifa para los viajes.
Saegh recordó que Macri, en un primer momento, argumentó que el Gobierno nacional incumplió con las prestaciones a su cargo, luego que él no había devuelto los servicios de subterráneos y del Premetro porque aún no los había recibido, y finalmente que no podía firmar nada sin la aprobación de la Legislatura local.
“El jefe de Gobierno denunciado --acotó Saegh-- no se acuerda, o sabiéndolo lo oculta a la información pública, que la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 373/2000 ya había autorizado dicha trasferencia al adherir al decreto 393/1999 del Poder Ejecutivo Nacional”.
Saegh agregó que “en abierta contradicción con sus posteriores declaraciones”, el 5 de enero de 2012 Macri firmó el decreto 27/12, por el que desde el día siguiente comenzaría a regir una nueva tarifa, de 2,50 pesos por viaje, para el transporte subterráneo y Premetro.
“No estamos en presencia de un contrato de compraventa privado donde el comprador puede arrepentirse perdiendo lo pagado hasta ese momento, sino de un contrato administrativo donde no se autorizan ni conciben potestades rescisorias unilaterales” dijo el denunciante.
Saegh indicó que Macri generó un “caos de tránsito” el 1 de marzo de 2012, “fecha por demás simbólica, por ser el inicio de las sesiones de los poderes legislativos, nacional y local”, y que entonces “se consumó un acto de sabotaje” en el transporte subterráneo.
Para Saegh “una ciudad con la actividad que tiene la CABA puede ser afectada rápida y certeramente por un obrar concertado entre quienes urden la privación de un servicio efectivo de transporte de pasajeros y los grandes medios de comunicación que hacen escarnio de la situación”.
- 10 marzo 2012