Denuncian a funcionarios del Gobierno por el caso Skanska

Acusan a Fulvio Madaro y Daniel Cameron de haber incumplido sus deberes al autorizar el contrato con Skanska para la ampliación del Gasoducto del Norte, sabiendo que había ofertado con sobreprecio. El Enargas se defendió en una solicitada en la que acusó al grupo Techint de haber llevado a cabo la maniobra que hoy salpica al Gobierno Nacional.

Buenos Aires (C)
Dos diputados de la oposición presentaron el lunes ante la Cámara Federal una denuncia por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» contra el titular del Enargas, Fulvio Madaro, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, basada en la presunta falta de control, por parte del ente regulador, del proceso licitatorio para la ampliación del Gasoducto del Norte -a cargo de la firma Skanska- en el que se sospecha el pago de sobreprecios.
La presentación, a cargo de los legisladores Adrián Pérez, del ARI, y Esteban Bullrich, de PRO-Recrear), se produjo en momentos en que el Enargas publicaba en los diarios nacionales una solicitada en la que se desvinculaba de la contratación de la empresa sueca e insistía, en línea con la posición asumida desde el Gobierno, con que todas las irregularidades que investiga la Justicia se produjeron entre firmas privadas, concretamente Skanska y TGN-Techint.
La denuncia, que por ahora no tiene juez de instrucción ya que deberá ser sorteada por la Cámara, se sostiene en una serie de cartas intercambiadas entre el Enargas y TGN donde la empresa advierte que el precio estipulado por Skanska para la construcción de una planta de compresión de gas en la localidad cordobesa de Deán Funes es superior al real y, sin embargo el ente regulador le recomienda contratarla igual.
«Tanto el Enargas como la Secretaría de Energía eran los encargados de certificar la obra por la resolución 658/04, es decir, tenían que realizar un control técnico y contable y deberían haber avisado que había un sobreprecio. El Enargas lo sabía y era el responsable de advertir que se estaba haciendo mal la licitación», explicó Bullrich.

COMPLICIDADES
El caso Skansa se inició como una investigación por evasión tributaria a cargo del juez Javier López Biscayart y derivó en un posible caso de pago de coimas a funcionarios por parte de la firma sueca, para resultar favorecida en la licitación para la ampliación del Gasoducto del Norte. Hasta ahora las sospechas se basan en la declaración del único detenido de la causa, Adrián López, titular de la firma que habría provisto las facturas apócrifas para disimular el presunto pago de comisiones, quien dijo suponer que el dinero estaba dirigido a algún funcionario oficial. De ahí que la oposición y el juez asocien la autorización brindada por el Enargas para otorgar el contrato a la empresa Skanska -aún cuando supuestamente era consciente del sobreprecio-, con el pago de una suma destinada a favorecer a funcionarios oficiales.
El Gobierno nacional insiste en considerarlo un negocio entre privados. En la solicitada publicada el lunes, el Enargas aseguró que la selección de quienes construyeron la planta de Deán Funes «es el resultado de un proceso licitatorio realizado por TGN Techint, empresa de capitales privados y única obligada frente al Estado para realizar la obra en su condición de concesionaria».
Según el ente regulador, todos los oferentes fueron invitados a participar del concurso por TGN y fue la empresa la que presupuestó un precio para la realización de la obra basándose en valores anteriores a la crisis de 2001 que, además, «jamás fue mostrado a los oferentes para referenciar sus propuestas», con lo que se dificulta «pensar en sobreprecios o desvíos de las ofertas». «Con ese precio presupuestado por ella misma, ni la propia TGN-Techint aceptó hacer la obra dispuesta cuando el Enargas así se lo requirió», agrega la solicitada.
El Gobierno está convencido de que los medios tergiversan la información sobre el caso Skanska porque entre las cientos de empresas que son investigadas por López Biscayart por el uso de facturas falsas, figura un importante número de anunciantes de los medios de comunicación. Esta hipótesis fue alimentada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien advirtió que en la maniobra «están involucradas muchísimas empresas que muchísimos periodistas no mencionan», y cuyos nombres dijo que revelará «cuando llegue el momento».

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