Según la denuncia –que publicó el portal El Extremo Sur-, había dos maniobras. Una a raíz de un cobro “en negro” que se hacía a los deudores cuando iban a retirar el vehículo secuestrado y otra vinculada a la adquisición de vehículos de alta gama mediante subastas “cerradas”, donde los adquirentes eran empleados judiciales.

Los automóviles se guardaban en un galpón sin habilitación que sería propiedad de Raúl Belcastro, secretario general del sindicato de trabajadores judiciales de la provincia. El inmueble se utilizaba como “depósito judicial”.

En ese momento, ofrecían a los deudores la posibilidad de retirarlos a través del pago de gastos de secuestro, estadía, depósito y gastos generales.

Todo se hacía sin recibo ni factura, y Belcastro está sindicado como quien cobraba ese dinero. Los damnificados optaban por esta vía a fin de recuperar rápidamente la posesión del vehículo secuestrado, ya que la suma era notablemente inferior a la tasa judicial.

Otra de las irregularidades está vinculada a que empleados judiciales eran adquirientes de los vehículos de las subastas. Todos los vehículos eran de alta gama y los obtenían a un bajo costo.

De esta forma, Toquier denunció a Belcastro por negociaciones incompatibles con la función que desempeña y evasión impositiva, entre otros cargos. El juez pidió que se abra una investigación judicial. La causa ya se tramita en el Ministerio Público Fiscal.

El procurador Jorge Miquelarena la derivó a un equipo de trabajo de la Fiscalía de Puerto Madryn para que avance con la investigación.