Una denuncia penal presentada en Comodoro Rivadavia apunta contra la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD), por un presunto accionar negligente que habría derivado en un desenlace fatal.

La presentación, firmada por el abogado Roberto Castillo, atribuye a la profesional múltiples delitos, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad en informes periciales y abandono de persona seguido de muerte, considerada la imputación más grave dentro del planteo judicial. Castillo es el abogado de Luis López, el padre de Angel, el nene de 4 años asesinado a golpes en un hecho por el cual están detenidos su madre biológica, Mariela Altamirano (28) y su pareja, Michel González.

Además de determinar la eventual responsabilidad penal, la denuncia solicita la adopción de medidas cautelares urgentes con el objetivo de evitar posibles interferencias en la investigación y resguardar otros procesos en curso. En ese sentido, se pide la suspensión preventiva de Leiva en sus funciones dentro del SPD, así como la prohibición de salida del país mientras avance la causa.

El escrito también requiere el secuestro inmediato de su legajo personal y profesional en distintas instituciones, incluyendo el propio organismo estatal, el Colegio de Psicólogos de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. La medida abarca, además, todos los informes técnicos elaborados por la profesional durante los últimos dos años.

QUE NO ACTUE EN CASOS DE REVINCULACION

Uno de los aspectos centrales del planteo se enfoca en los expedientes de revinculación familiar que actualmente están bajo la órbita del equipo técnico en el que se desempeña la denunciada. En este punto, se solicita la reserva de dichos casos y la prohibición de modificar la documentación, ante la sospecha de posibles irregularidades sistemáticas en intervenciones vinculadas a situaciones de alta vulnerabilidad.

Por otra parte, la querella pidió la designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar el trabajo realizado por Leiva, así como la toma de testimonios considerados clave para el avance de la investigación.

Ahora será la Justicia la encargada de analizar la presentación y definir si da lugar al traslado al Juzgado de Garantías para la implementación de las medidas solicitadas, en un caso que pone en discusión los mecanismos de control y la actuación de los profesionales dentro del sistema de protección estatal.