Se trata de E., quien hasta hace pocos meses se hacía cargo de su pequeña nieta. La abuela sospechó de la pareja de su hija por un supuesto abuso y acudió a la Justicia. En represalia, su misma familiar la denunció para alejarla de la pequeña. La causa está en manos de la jueza Guillermina Leontina Sosa.

El nombre y el rostro de E. -como el de la nieta- se mantienen en reserva por tratarse de una delicada problemática familiar, de las tantos que existen en esta ciudad desde hace algún tiempo y cuyas resoluciones se han vuelto complejas para la justicia de familia y sus auxiliares.

Además, se temen represalias como las que ya sufrieron abuelos, madres y padres que hicieron pública su situación y que en lugar de respuestas fueron intimidados por la Justicia de Familia.

Tal como señaló El Patagónico, hace casi tres años el Fuero de Familia de Comodoro se limita a dictar cautelares y restricciones perimetrales que se van renovando y llegan a prolongarse durante años. Eso causa un daño irreparable en los vínculos familiares.

OTRO CASO MUY PARTICULAR

El drama de esta abuela arrancó cuando denunció a la pareja de su hija por un presunto abuso contra la menor. Inmediatamente, según contó ella misma, en el mes de agosto su misma hija -pareja del acusado- la denunció a ella por supuesta “violencia familiar” y desde la Oficina de Familia ordenaron, sin más, una medida perimetral que le impide ver a su nieta. Desde entonces comenzaron las medidas perimetrales y hasta el momento no pudo sanar el vínculo y reencontrarse con la menor.

Pero la madre de la niña también cuenta con una medida cautelar y la pequeña está en guarda del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, otro órgano duramente cuestionado en este tiempo por su burocracia y dilaciones en cuestiones que hacen a los sentimientos humanos.

La única respuesta de las autoridades del Fuero de Familia para con la abuela fue que recién a fin de año –es decir cuatro meses después de su denuncia- será entrevistada por el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), lo que no le garantiza que vuelva a ver a la pequeña en lo inmediato. Todo depende de la decisión que adopten quienes conforman el ETI.

EL DOLOR DE UNA ABUELA

“Nosotros somos una familia de Venezuela; entré legalmente. Mi hija tiene un año acá, como mi nieta. Hace dos meses mi nieta me dijo que el novio de mi hija la había tocado” comentó la mujer a El Patagónico en el inicio de la entrevista.

Sin pensarlo, la abuela rápidamente fue hasta un centro de salud y comentó la grave situación para que pudieran asistir a la menor. Rápidamente, se dio curso a una denuncia y el caso lo tomaron el Ministerio Público Fiscal y el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros estamentos.

“Al otro día, los del Servicio de Protección vinieron a hablar conmigo; ese mismo día que llegaron mi hija inmediatamente me colocó una orden de alejamiento hacia mi nieta y hacia ella”, describió la denunciante, sobre la restricción que mantiene desde el mes de agosto.

“Ella dejaba a la niña sola, en su casa. Se iba toda la noche, hasta el otro día y dejaba a la nena encerrada, sola; a mí eso no me lo comunicaban. Me denunció diciendo que yo fui a su casa a tratarla mal”, contó. “Nunca lo hice”, aseguró.

Desde ese momento no ve a su pequeña nieta. “Me dijeron que, a partir de ahí, por siete días, no podía ver a la niña”. Pasaron dos meses largos.

A esta abuela se le suman madres, padres, tíos y abuelos que también atraviesan el drama de no poder tener contacto con sus seres queridos por decisiones de los jueces Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Pablo Pérez y la citada Sosa.

EL PAPEL DEL SERVICIO DE PROTECCION DE DERECHOS

Según contó la mujer, al otro día de la denuncia en su contra, se dirigió al Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. “Les comenté lo que pasó, les pregunté ¿¿qué hago para ver a la niña?’. Me dijeron que no podía verla porque tenía que respetar eso (la orden perimetral); a los siete días los llamé; citaron a mi hija y le quitaron a la niña”, explicó.

“Les supliqué que me entreguen a la niña y me dijeron que no porque mi hija me había denunciado. Después de que me quitaron a la nena, el mismo Servicio de Protección me envió una notificación de orden de alejamiento por 15 días más”, narró la dolida abuela.

Pasados esos 15 días, “me citaron diciendo que era un plan de trabajo de 45 días”, como si no hubiera personas de carne y hueso en el medio. A partir de ahí, “son un mes, más 15 días que no la podía ver. La niña desayunaba, almorzaba y cenaba a mi casa. La llevaba al jardín cuando iba, y la llevaba la madre, que no eran todos los días porque a veces su mamá llegaba en estado de ebriedad”, detalló la abuela.

En todo este lapso no ha logrado ver a su nieta. La mujer aseveró que recurrirá a la Justicia venezolana. “Me están secuestrando a la niña; ella me tiene a mí. Yo siento que ellos no me quieren darme a la nena. Ya llevo dos meses” en esta situación.

“SE ME RIERON EN LA CARA”

Sin saber dónde recurrir, la abuela llegó hasta la Oficina de la Defensa Pública, ubicada en la calle Sarmiento al 453, donde -según dijo- “se me rieron en la cara” y estaban “ocupados” en otros asuntos.

Se trata de un lugar donde deberían velar por los derechos de todos los ciudadanos que no pueden acceder a los honorarios de un abogado. Sin embargo, ocurre todo lo contrario.

No es el primer caso en el que se denuncia públicamente a quienes conforman este ente público, ya que tiempo atrás varias familias indicaron a este mismo medio que vivieron situaciones similares en plena desesperación por ver a sus seres queridos.

“Fui el mismo día que me quitaron la niña; me dieron solamente un papel con una cita. Dos días antes de la cita me llamaron y me dijeron que la iban a anular y que esperara. Fui a la Oficina de Familia y me dijeron que estos abogados (de la Defensoría) que me defendían no aparecían ahí”, expresó. De nuevo la burocracia, las dilaciones.

“La mujer que me atendía (en la Defensa Pública) entraba, salía y se me reía. Se estaban burlando de mí. Estuve dos horas sentada, esperándolas”, señaló sobre lo que ocurrió en ese edificio público que depende del Ministerio de la Defensa Pública.

“Volví a ir y no me tomaron en cuenta. Me dijeron que tenía que esperar la entrevista”, declaró. “Ayer (por el lunes) llamé al Servicio de Protección, colgaron la llamada e inmediatamente me dieron la entrevista cuando les dije que iba a empezar a llamar a los medios de comunicación porque necesito ayuda”.

Recién en diciembre la abuela tendrá una entrevista en la Oficina de Familia, donde tampoco le garantizaron que pueda ver inmediatamente a su amada nieta.

“¿Por qué tanto tiempo?”, se preguntó la mujer sin poder contener la bronca ante tanta desidia de la Justicia de Familia de Comodoro Rivadavia que una vez más no da respuestas a quienes atraviesan este mismo drama en Comodoro.

“¿Qué le pasa a la Justicia de este país? No me escuchan. Me dicen `¿ya terminó de hablar señora? Cuando tengamos notificación, la llamamos´. ¿Eso no es para angustiarse?”, se preguntó E.

Este mismo medio, ante tantas denuncias, en más de una oportunidad se buscó la voz de las juezas y autoridades de la Justicia de la Familia. Pero hasta este momento nunca han dado explicaciones sobre las denuncias que recaen en su contra.