Desde la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia emitieron este jueves un comunicado en referencia a la muerte de Angel López, el menor de 4 años que se hallaba al cuidado de su madre cuando súbitamente se descompensó el último domingo 5 de abril, falleciendo horas después en el Hospital Regional.

El niño había sido restituido a su madre, quien lo había abandonado cuando era bebé para irse a Córdoba. Al regresar, reclamó en la Justicia de Familia su guarda –que la tenían su padre y su pareja- y en noviembre último se hizo su voluntad, pese a la voluntad del menor que quería quedarse con quienes lo criaron.

El texto en cuestión señala que “comprendemos la conmoción social generada y reconocemos la preocupación de la comunidad ante los hechos de público conocimiento. En este escenario, resulta fundamental recordar que:

• La protección de la intimidad, dignidad e integridad de niñas, niños y

adolescentes es una obligación prioritaria.

• La exposición pública, la circulación de imágenes, relatos fragmentarios o datos no verificados, especialmente en redes sociales, puede producir daños profundos en otras infancias y adolescencias, afectando su bienestar emocional y su desarrollo.

La mediatización de situaciones sensibles no solo vulnera derechos, sino que también puede interferir en los procesos de intervención y en las investigaciones en curso”.

Por tal motivo, la Oficina que hoy es seriamente cuestionada porque fue su informe el que sustentó la decisión del juez Pablo Pérez de restituir el niño a su madre afirmó que se sostiene “una posición de máxima prudencia y confidencialidad, y no brindará información pública ni declaraciones por fuera de los canales institucionales correspondientes. Cualquier valoración sobre responsabilidades o intervenciones deberá realizarse una vez concluidas las investigaciones, con el rigor y la responsabilidad que la situación requiere”.