Es preciso recordar que el CELS surgió como una organización clave de apoyo para familiares y compañeros que sufrieron la pérdida o desaparición de alguna persona cercana en manos de la dictadura militar. Con el retorno a la democracia, la función del CELS se mantuvo aunque más ligada al control y seguimiento de casos de violencia institucional.
La organización fue fundada durante la dictadura por los familiares de los desaparecidos y en la transición a la democracia ha comenzado a trabajar con temas de actualidad en especial la violencia institucional en todo el país.
En este sentido, una de sus investigadores Luciana Pol, habló esta mañana con Radio Fónica 90.3 y comentó que desde la institución nacional se está siguiendo por estas horas el caso Antillanca y resaltó la sensación de “impunidad” que se fomenta sin la identificación de culpables, tanto en ese caso, como en otros.
Al respecto, mencionó como un punto de inflexión las repercusiones que tuvo, incluso a nivel internacional, el caso Iván Torres que funcionó “como un llamado de atención para todo el país sobre que algo estaba sucediendo en toda la provincia”, dijo.
Tanto en relación al caso de Iván Torres, como Antillanca, Aballay y ahora, la reciente muerte del testigo “protegido” Bruno Rodríguez Monsalve, dijo que no se trata de “situaciones particulares” sino de “prácticas de hostigamiento y malos tratos que dan cuenta de hasta dónde pueden llegar las situaciones de violencia”.
Por estos días, el asesinato del “testigo protegido” Rodríguez Monsalve, que había dado testimonio en contra de los efectivos policiales de la Seccional Segunda de Trelew, por abuso de un menor ha conmocionado a los chubutenses y las autoridades nacionales que pidieron compromiso político de los gobernantes.
Por su parte Luciana Pol, indicó que el caso debería servir para “institucionalizar una reforma que termine con la situación de impunidad que vive la provincia”.
“Pero la muerte de este chico no solo muestra que este programa de protección de testigos ha fallado, sino que también deja en evidencia la reiteración de prácticas policiales que requieren de medidas fuertes. La provincia debe revisar toda una serie de mecanismos, que hacen a la estructura y práctica cotidiana de las institucionales policiales”, advirtió. Por lo cual manifestó que no se debería descartar la posibilidad de avanzar en una reforma de la estructura policial, con los respectivos sumarios internos que ello implica.
Si bien el panorama que brinda la provincia es bastante desalentador en lo que a juzgamiento se refiere, la investigadora del CELS destacó la preocupación de la Defensa Pública de Chubut en los casos de violencia institucional, que los llevó a abrir un registro de denuncias que, junto al de Buenos Aires, son los únicos de todo el país que recopilan este tipo de material.
“Esto está hablando de una preocupación institucional que ya está presente y que ha podido desarrollar algunos mecanismos para atender esta situación. Es una herramienta válida que tiene la provincia para, por lo menos, tener un diagnóstico de los casos”, valorizó Pol. Y agregó que “hasta fines del año pasado había registrado unas 2024 denuncias sobre malos tratos, apremios y torturas en lugares de detención”.
De aquí en más, resta conocer las definiciones que tomará el sector político para hacer uso de estos datos y avanzar en la búsqueda de culpables por las muertes “sospechosas” que rodean a los casos de violencia institucional.