Desde una empresa de video cable agredieron a operarios de energía

Los imputados pretenden un acuerdo de reparación para evitar el juicio. Se los acusa de arrojarles piedras a quienes desmontaban cables de fibra óptica, además de amenazarlos de muerte y dañarles un vehículo.

El juez Jorge Novarino formalizó la investigación preparatoria de juicio contra Antonio Colombo y Graciela Acebes, (titulares de la empresa de Servicios de Video Cable Canal 10 de la ciudad de Sarmiento), en orden a los delitos de amenazas simples y daño. Asimismo, las partes, adelantaron que avanzan en un acuerdo de conciliación y reparación para que prospere una solución alternativa del conflicto entre los comerciantes y los integrantes del consejo de administración de la entidad prestadora de servicios públicos.

En la audiencia telemática, la fiscal Camila Banfi explicó que su intervención obedecía a una resolución del procurador Jorge Miquelarena, en función de que las fiscales de Sarmiento, Laura Castagno y Andrea Vázquez, se excusaron de actuar en la investigación de esta causa judicial.

"UN DIA DE FURIA"

Los hechos que se ventilan ocurrieron el 8 de mayo de 2019, aproximadamente las 15, en calle General Paz, entre Uruguay y Alberdi. Allí se encontraban trabajando tres operarios de Coopsar, desmontando una fibra óptica, cuando llegó Graciela Acebes a bordo de una camioneta.

Según los investigadores, la imputada comenzó a insultar a los empleados y luego les arrojó piedras que extrajo de una bolsa de compras. "Te voy a cagar matando con mi revólver", dijo la mujer en un momento y se dirigió de manera apresurada hacia el interior de su vehículo.

Ante esa situación, los empleados de COOPSAR se retiraron de inmediato, dejando una camioneta de la empresa a la que la procesada le rompió el parabrisas, el vidrio lateral derecho y el espejo retrovisor derecho.

Al cabo de unos minutos, los empleados retornaron al lugar. Esta vez junto al presidente de la entidad, Héctor Fuentes. También dieron aviso al personal policial a fin de constatar los daños sufridos en la camioneta.

En paralelo, llegó el comerciante Antonio Modesto Colombo, quien descendió de su rodado y comenzó a insultar a Fuentes. También le profirió amenazas de muerte.

Treinta minutos después del primer hecho, Graciela Acebes irrumpió -visiblemente alterada- en la sede central de Coopsar y solicitó hablar con los integrantes del Consejo de Administración. Cuando una empleada administrativa le informó que no se encontraban presentes, habría exigido comunicarse con ellos de manera telefónica, ya que de lo contrario “mataría a todos con el arma que tenía en el auto".

El tercer hecho denunciado ocurrió en el sector de cabinas. En ese lugar Graciela Acebes se encontró con el gerente de la entidad, a quien le manifestó: “si te tengo que matar a vos, también te mato”, y luego se retiró del lugar.

La fiscal Banfi explicó que la calificación legal provisoria prevista para Graciela Acebes es la de presunta autora del delito de amenazas simples -tres hechos- en concurso real con el delito de daño. En tanto, solicitó que Antonio Colombo sea investigado por el delito de amenazas simples.

Por otra parte, requirió el plazo de seis meses de investigación y adelantó que en forma conjunta con el abogado defensor trabajan en la elaboración de un acuerdo con la intención de solicitar una reparación y conciliación en el marco de los criterios de solución alternativa del conflicto.

A su turno, el abogado defensor, Marcelo Catalano, argumentó

que el desmonte de la fibra óptica ordenada por Coopsar estaba provocando la afectación a los intereses económicos de sus asistidos. De allí que la reacción de los imputados se podría enmarcar como “un exceso verbal”.

El representante del Ministerio de la Defensa Pública acotó que sus asistidos aceptaban avanzar en la propuesta de una solución alternativa del conflicto. En esta misma línea argumentativa se expresaron los representantes del consejo de administración de la cooperativa.

Finalmente, el juez Jorge Novarino resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio en orden a los hechos descritos y las calificaciones legales provisorias escogidas por el Ministerio Público Fiscal. También hizo lugar al plazo de investigación solicitado y coincidió en avanzar con las propuestas de reparación y conciliación referidas por las partes.

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