El origen del conflicto no está en la expropiación en sí, sino en el método utilizado. Según la jueza Loretta Preska, el gobierno de Cristina Kirchner no respetó el estatuto de YPF, que obligaba a realizar una Oferta Pública de Adquisición para los accionistas minoritarios. Esta omisión perjudicó a varios inversores, lo que dio lugar al litigio en tribunales de Nueva York.

¿Qué se decide hoy?

La jueza Preska ya ordenó que Argentina pague la multa con el 51% de las acciones que posee en YPF. Sin embargo, el gobierno argentino solicitó una medida cautelar para suspender esa orden. La Corte de Apelaciones tiene hoy tres posibles escenarios:

Aceptar la suspensión: Argentina gana tiempo y evita, por ahora, el embargo de las acciones. La decisión final sobre el pago se discutiría en una instancia posterior.

Rechazar la suspensión: La jueza Preska podría ejecutar de inmediato la orden y obligar a Argentina a entregar las acciones.

Aceptar la suspensión, pero con condiciones: La Corte podría considerar que es inviable pagar con las acciones de YPF y exigir a Argentina que ofrezca otros activos, como bonos del Estado.

Si Argentina no cumple el fallo, podría enfrentar sanciones como el embargo de reservas del Banco Central o el bloqueo de acceso a los mercados de capitales.

El papel de Burford Capital

El litigio fue impulsado en gran parte por Burford Capital, una empresa que se especializa en financiar juicios. Burford adquirió los derechos a litigar de los exaccionistas de YPF, como el Grupo Petersen, que quebró tras la expropiación.

Burford Capital no es el propietario directo de las demandas, pero financió todo el proceso legal. Si el juicio se resuelve a favor de los demandantes, se llevará el 70% de la indemnización, mientras que el resto se destinará a pagar a los acreedores del Grupo Petersen.