Dictan la prisión de Diego Serrano por el homicidio de Anahí Copa

Se concretó ayer por la tarde la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el homicidio de Anahí Copa, ocurrido el 8 de diciembre de 2015, y que tiene como condenados a Diego Serrano y Rodrigo Soto.
En este caso la audiencia se realizó por Serrano para quien el funcionario de fiscalía solicitó se revoque su medida de prisión domiciliaria y se dicte su prisión preventiva. En contraposición la defensa requirió su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario.
Finalmente el tribunal de revisión resolvió por unanimidad "mutar" la medida de arresto domiciliario por la de prisión preventiva hasta que concluya el recurso extraordinario de apelación interpuesto por la defensa.
El tribunal de revisión estuvo compuesto por las jueces Gladys Olavarría y Daniela Arcuri; en representación del Ministerio Público asistió Cristian Olazábal, funcionario de Fiscalía; en tanto que la defensa de Serrano fue ejercida por Viviana Barillari, defensora pública.
PELIGROS
El funcionario de fiscalía solicitó al tribunal revisar la medida de coerción sustitutiva que pesa sobre Serrano. Existe una sentencia condenatoria de primera instancia que lo declara "coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego" estableciéndose para él una pena de 12 años de prisión. Luego la defensa impugna dicha sentencia ante la Cámara Penal que hace lugar parcialmente a la impugnación pero como "partícipe necesario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego", readecuando su pena a 11 años y seis meses de prisión.
Si bien la sentencia todavía no está firme, existen nuevos hechos como la reiteración delictiva de Serrano que se le imputó un nuevo caso este año por los delitos de robo agravado por haber sido cometido con el uso de arma y abuso de arma, a la espera de la audiencia preliminar, por la cual se le dictó la prisión preventiva hasta el 9 de noviembre.
En el caso Copa, planteó el funcionario fiscal, se da el peligro de fuga dado que la sentencia ya tiene doble conforme y que se ha dictado la responsabilidad penal del imputado por 11 años y seis meses de prisión.
Los fines de la medida de coerción solicitada son para asegurar la aplicación de la ley penal y el cumplimiento de la pena. También mencionó el comportamiento del imputado, que luego de la condena se vio involucrado en otro proceso con el uso de arma de fuego.
Olazábal solicitó al tribunal por todo ello que se le revoque la medida morigerada y que se dicte su prisión preventiva hasta que la sentencia pase en calidad de cosa juzgada.
En contraposición la defensora aseguró que los argumentos del acusador atentan contra los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hizo hincapié en que la causa "nos es cosa juzgada y que lo único que pulveriza el principio de inocencia es una sentencia condenatoria firme".
El tribunal resolvió por unanimidad que "si bien rige el principio de inocencia, el mismo se ve debilitado por ésta y la otra causa, ya que fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio agravado como partícipe primario". Es necesaria su prisión preventiva para asegurar la investigación. Por ello resolvieron mutar la medida sustitutiva de Serrano por su prisión preventiva hasta que concluya el recurso extraordinario de la defensa; o bien cuando se cumplan seis meses.