Diputados aprobó en comisión cambios al proyecto de reforma de la ley de alquileres

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió ayer un dictamen favorable a un proyecto de reforma a la ley alquileres, que busca bajar el costo que representa para los inquilinos la firma de los contratos de locación, a los que propone actualizar sobre la base de la inflación anual difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La decisión se adoptó en una reunión de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, que preside Daniel Lipovetzky (PRO), en la que el oficialismo y la oposición introdujeron cambios al texto votado por el Senado, por lo que la iniciativa deberá volver a la Cámara alta luego de aprobarse en el pleno de Diputados.

El despacho de mayoría fue firmado por los legisladores de Cambiemos, mientras que en disidencia se manifestaron el Frente Renovador y los radicales Brenda Austin y Raúl Alfonsín.

El Frente para la Victoria anticipó que presentará su propio dictamen avalando el texto votado por la Cámara de Senadores.

El proyecto limita a un mes de alquiler el monto que pueden cobrar las inmobiliarias, a lo que se suma otro mes de depósito.

Cuando se produce la renovación del contrato, esos cargos se reducirán 50 por ciento, punto considerado clave por representantes de las organizaciones de inquilinos y cuestionado por el sector inmobiliario.

Lipovetzky afirmó: “es un paso importante el consenso logrado en Diputados para modificar la media sanción del Senado para tener una ley equilibrada porque es importante defender al inquilino pero también garantizar la oferta necesaria”.

Uno de los puntos centrales es que se mantiene en dos años los contratos de locación -en lugar de tres años como establecía el texto del Senado- y que establece que los precios se ajustarán por inflación, ya que en la actualidad es a propuesta del propietario.

Sobre este punto, el diputado macrista dijo: “con este gobierno tenemos un Indec que ofrece cifras fidedignas”.

Otra cuestión clave es que la garantía no solo podrá ser una propiedad sino el recibo de sueldo, certificado de ingresos, y cualquier otro que sea aceptado por el propietario.

En el proyecto también se introdujo el concepto de “alquiler social”, un programa por el cual el Estado subsidiará parte de los gastos de locación a personas de bajos recursos y fomentará la construcción de viviendas destinadas a alquiler.

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