Diputados debatirá en comisión reformas a la Ley de Inteligencia

“Exhortamos a la oposición a que venga a debatir y a cumplir con su rol institucional porque nos interesa saber las razones por las que se oponen al proyecto”, lanzó la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti

El bloque de diputados del Frente para la Victoria, junto a sus tradicionales aliados, buscará mañana emitir dictamen favorable al proyecto de reforma de la ley de Inteligencia en el marco de un plenario de comisiones, donde aún está en duda la presencia de las fuerzas opositoras, ya que no asistieron al último encuentro realizado el viernes pasado.

El viernes, el oficialismo decidió pasar a un cuarto intermedio para que la oposición concurra al debate luego de aceptar el planteo de sumar a la discusión a la comisión de Legislación Penal, que conduce la macrista Patricia Bullrich, pero aún ni esta legisladora ni sus pares del radicalismo, del socialismo y del massismo confirmaron su asistencia.

“Exhortamos a la oposición a que venga a debatir y a cumplir con su rol institucional porque nos interesa saber las razones por las que se oponen al proyecto”, lanzó la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, al anunciar el viernes un cuarto intermedio hasta el miércoles del plenario de comisiones.

La intención del oficialismo es darle dictamen a esta iniciativa en el plenario convocado para mañana a las 10, el mismo día de la marcha que convocó un grupo de fiscales por la muerte de Alberto Nisman.

A la reunión de las comisiones fue invitado a participar el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli.

La participación de la oposición fue considerada como muy importante desde el oficialismo dado que esta iniciativa introduce cambios sustanciales a la ley de Inteligencia, ya que se crea la Agencia Federal, se prohíbe a los agentes que funcionen como auxiliares de la justicia y se establece un control y transparencia de los fondos reservados.

La limitación a los agentes de la ex SIDE busca evitar que puedan influenciar en la investigación de casos complejos, como sucedió en la causa AMIA, donde según el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, el espía Antonio “Jaime” Stiuso tuvo un fuerte predicamento sobre la denuncia formulada por el fallecido Alberto Nisman.

La reforma de la ley de Inteligencia fue un reclamo permanente de la oposición y, tal como sucedió en el debate de la ley del Código Civil y Comercial -donde participó activamente de su redacción y audiencias públicas-, finalmente no asistió a la sesión donde se aprobó esta crucial iniciativa con un fuerte impacto en la vida de los argentinos.

En la última reunión, Conti señaló que “con esta reforma estamos dando un salto cualitativo en democratizar los organismos de inteligencia” y puso de relieve la transferencia de las escuchas a la Procuración General de la Nación, aunque aclaró que ese organismo “no podrá hacerlas ‘per se’, sino que tienen que ser ordenadas judicialmente”.

“Se acabó la ilegalidad entre comillas que hoy existe de la inteligencia que muchas veces nos extorsiona”, advirtió la diputada del FPV.

REFORMAS

SUSTANCIALES

El proyecto establece que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que “el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional”.

El proyecto aprobado en el Senado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.

Además dispone que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.

De todos modos, las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionados con la actividad que podrán realizar los agentes de la nueva AFI.

En ese sentido, se establece la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo “por pedido expreso por el juez en una causa determinada”.

Otro punto importante es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías como información pública, reservada y secreta.

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