Diputados piden por la libertad del intendente de Río Turbio

En su última sesión ordinaria, la Legislatura provincial aprobó por mayoría una Resolución mediante la que se requiere la inmediata liberación del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna.

Caleta Olivia (agencia)

El proyecto impulsado por Matías Bezzi (PJ-FPV) señala en sus fundamentos que el jefe comunal continúa detenido “arbitrariamente” en Buenos Aires ya que “no existen elementos procesales que justifiquen el dictado de su prisión preventiva, garantizando un proceso judicial que respete las garantías constitucionales”.

Al mismo tiempo se repudió enérgicamente “la utilización del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad, como modo de persecución a la oposición política, ejercida institucionalmente por decisión del mandato popular”.

Vale recordar que el jefe comunal de la principal localidad de la cuenca carbonífera fue detenido el 5 de marzo por efectivos de la Policía Federal cuando se encontraba en el Hotel Milán, por orden del juez federal Julio Rodríguez.

El magistrado le imputó responsabilidad en una causa por la que se investiga su rol en el presunto delito de defraudación al Estado durante el período en que desempeñaba como interventor de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

“INJUSTAMENTE PRESO”

Una vez finalizada la sesión y en diálogo con medios de comunicación presentes, el presidente de la bancada oficialista. Matías Mazú, señaló que “creemos que han vulnerado el derecho de presunción de inocencia y hoy el intendente Atanasio Pérez Osuna está injustamente preso”.

“Tanto él como yo y cualquiera de los compañeros, estamos dispuestos a ponernos a derecho, pero en el marco de la Constitución y de las leyes. Esto no ha ocurrido con Atanasio Pérez Osuna ya que la prisión preventiva dictada sobre el intendente de Río Turbio se hizo sin sentencia y sin que la causa fuera elevada de juicio, algo que también ocurre con otros presos políticos”, resaltó.

En consecuencia, reiteró que “pedimos su liberación y rechazamos este tipo de metodologías” en la que está a la vista “la intervención del Poder Ejecutivo Nacional sobre determinados sectores de la Justicia, o del Partido Judicial, con la cual se ataca solamente a los opositores”.

Finalmente, respecto del accionar del Poder Judicial contra actuales autoridades nacionales, Mazú sostuvo que “el 90% de los funcionarios tienen causas que son condenables y ni siquiera se les llama para preguntarles algo”.

“Entonces –puntualizó- es más que clara la persecución política del Gobierno nacional y de un sector de la Justicia federal hacia los adversarios políticos”.

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