La licencia “podrá pedirse para casos de violencia intrafamiliar” o “al interior de las Fuerzas” armadas y de seguridad, acompañando el pedido “siempre de una denuncia policial o el inicio de un sumario administrativo, según corresponda”, dicen los fundamentos del proyecto.
En el primer caso, “la licencia se otorga por un plazo de 3 días hábiles administrativos con un máximo de 30 días hábiles administrativos por año calendario”, que serán definidos “en base a la evaluación del personal médico y psicológico de los centros de atención y asistencia a la víctima”.
Si bien en el año 2009 se sancionó la Ley 26.485, de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, que define los tipos de agresiones, los diputados ahora piden que se amplié la norma y avanzar, por ejemplo, en un esquema universal de licencias que promueva la coparentalidad, como un sistema de cuidados federal o la creación de lactarios en todos los espacios en donde trabajen.
La iniciativa lleva las firmas de los legisladores socialistas Beatríz Duré, Hermes Binner, Alicia Ciciliani, Gabriela Troiano y de Libres del Sur, Federico Masso y Victoria Donda.
