Con la firma del gobernador Mariano Arcioni, y refrendada por el ministro Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli, el Poder Ejecutivo vetó la ley de emergencia de los servicios públicos que, el 9 de enero, se prorrogó por un año más y por unanimidad en la Legislatura del Chubut.

El decreto 7/18, que contó con la intervención previa del Asesor General de Gobierno, José Luis Sarries, llegó ayer, tanto a la Legislatura como al Concejo Deliberante, donde los diputados y ediles transmitieron, en principio, su sorpresa por la decisión adoptada por el gobernador.

“LO ANALIZAREMOS”

El titular del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, recordó que la ley “salió por unanimidad” y que, para que ello suceda, “básicamente influyó la situación en la que se encontraban Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, que no tenían agua desde hace varios días”.

De todos modos, y pese a esa unanimidad, García señaló que la posición sobre el veto “se definirá hablando con todos los diputados. En principio está fundamentado en que, para el ministro Coordinador, el mecanismo que se introdujo de actualización de tarifas es inconstitucional. Veremos qué posición definimos”, reiteró.

El mecanismo aludido por el diputado es el controvertido pass through que como El Patagónico remarcó cuando se trató la normativa, violentaba las autonomías municipales de algunos municipios para definir tarifas de los servicios desde sus Concejos Deliberantes.

Al respecto, García indicó que, pese a que la ley contenía esa actualización automática de acuerdo a lo resuelto sobre las tarifas a nivel nacional, “los municipios tenían la posibilidad de adherir o no”, por lo que consideró que, en principio, la inclusión en la ley no aparecía como un elemento que la convierta en inconstitucional.

En cambio, el diputado provincial del Frente para la Victoria, Gustavo Fita, dijo no estar sorprendido por el veto, ya que “este gobierno, antes con (Mario) Das Neves y ahora con Arcioni, se caracteriza por vetar las leyes que salen por unanimidad de la Legislatura”.

En diálogo con El Patagónico, el legislador recordó que su bloque está dispuesto a insistir en la normativa, aunque aclaró que para que eso ocurra “habrá que hablar con los otros bloques, ya que nosotros somos diez y se necesitan dieciocho para levantar el veto”.

Para Fita, el veto “evidencia el desconocimiento que el Gobierno provincial tiene sobre la situación real de la provincia y lo que pasa en cada una de las ciudades y pueblos. Con esta ley, lo que se buscaba era asegurar las prestaciones de los servicios, que están amenazadas, y atender la situación de Comodoro respecto al agua. Parece que al gobernador, todo esto no le interesa”, insistió.

El también titular de la CGT Saúl Ubaldini, finalmente, indicó que más allá de las dudas planteadas por el “pass thorough, en el veto creo que influyó la enemistad personal que, ahora, el ministro Coordinador tiene con el gremio de Luz y Fuerza. No se está en el gobierno para mezclar lo personal con lo institucional”, consideró.