El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba dictó una cautelar colectiva que obliga a restablecer en 72 horas los fondos destinados a terapias, medicamentos y transporte. El fallo advierte sobre el impacto de las deudas acumuladas en instituciones y beneficiarios.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Incluir Salud, normalizar de manera urgente los pagos destinados a prestaciones para personas con discapacidad.
La resolución fue emitida por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba en el marco de una medida cautelar colectiva presentada por la abogada Marta Lastra junto al colectivo Defendamos Córdoba y distintas instituciones, entre ellas Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos de la provincia.
El magistrado estableció un plazo máximo de 72 horas para que el Gobierno nacional cumpla con la disposición y garantice la continuidad de servicios esenciales para titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad.
En el fallo, Vaca Narvaja señaló que las demoras en los pagos y las interrupciones en la provisión de medicamentos exponen a miles de personas a un “riesgo inminente”, y cuestionó la conducta estatal al sostener que hubo intentos de “evadir o dilatar” obligaciones constitucionales vinculadas a la protección integral de este sector.
Entre los casos mencionados en la resolución aparece el del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que acumuló más de 41 millones de pesos en intereses por aportes y contribuciones impagas durante 2026 a raíz de los atrasos en los desembolsos estatales.
La cautelar tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia firme. Además, el fallo contempla sanciones en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales.