Dos clausuras definitivas

El titular de la cartera de Fiscalización, Ricardo Mutio, informó ayer sobre dos nuevas clausuras de carácter definitivo que se realizaron con el acompañamiento del Juzgado de Faltas N° 1, encabezado por Daniel Escolar.

Se trata del local nocturno “Punta Cana Tropical” y del comercio “Industrial Viviendas” que habían sido advertidos sobre su irregular situación en ocasiones pasadas. El primero está ubicado en avenida Rivadavia 2.360 en el barrio Ceferino y la constructora en Pedro Pablo Ortega 2.052.
Sobre este último local, desde la Subsecretaría de Fiscalización se explicó que “en noviembre del año pasado unas 80 familias de Comodoro y otras localidades próximas denunciaron haber sido estafadas por el dueño del local en un valor que superaba al millón de pesos”.
En esa ocasión, las autoridades intervinientes descubrieron que numerosos grupos familiares habían anticipado dinero a cambio de la construcción de viviendas que nunca fueron erigidas.
Al respecto, Mutio señaló que en ese momento se procedió a la clausura preventiva del comercio; mientras que la denuncia penal que iniciaron los damnificados fue asentada en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.
Asimismo, señaló que esta semana venció el plazo definido para que el responsable del local, identificado como Marcelo Alejandro Ramos, regularizara su situación y que ante la falta de competencia por parte de este último, Fiscalización procedió a la clausura definitiva.
En cuanto a la clausura del bar “Punta Cana Tropical”, aseguró que “no sólo optamos por este accionar teniendo en cuenta las irregularidades en materia habilitaciones, infraestructura y salubridad que advertimos, sino que también se trata de una medida tendiente a proteger la vida, la seguridad, la propiedad, la moral y la salud de los habitantes”.
En este contexto, el funcionario recordó que el boliche nocturno fue escenario de numerosos hechos delictivos, entre los que se cuenta el homicidio de Oscar “Porota” Haro, ocurrido el último 14 de enero.
Cabe destacar que, además de la clausura definitiva del bar, se le impuso a la propietaria, identificada como María Rodríguez Cruz, una multa de 50 mil pesos.
En esta oportunidad, el subsecretario de Fiscalización rescató las acciones realizadas mancomunadamente con el Juzgado N° 1 del Tribunal de Faltas, con la firme premisa de “dar un cierre definitivo a todos aquellos locales que actúan en contravención de las ordenanzas municipales”.

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