Dos meses más para investigar a la banda de las "entraderas"

El juez Jorge Odorisio otorgó ayer dos meses más para culminar con la transcripción de 11 discos compactos de escuchas telefónicas y la apertura de 50 elementos electrónicos secuestrados en los 61 allanamientos realizados en agosto de 2017 en el marco de la causa que investiga a 9 personas como presuntos integrantes de una asociación ilícita. Se sumarían nuevos legajos de investigación como el violento robo de las 40 armas a un coleccionista.

En una audiencia de ampliación del tiempo de investigación y revisión de las medidas de coerción de 9 personas imputadas por asociación ilícita y algunos de ellos en concurso real con robos agravados, detenidos en agosto del año pasado en los 61 allanamientos, el juez Jorge Odorisio otorgó ayer dos meses más a la funcionaria de fiscalía Inés Bartels para culminar con las pesquisas y mantuvo por el mismo término las prisiones preventivas a los dos presuntos organizadores de la banda, y las prisiones domiciliarias y presentaciones al resto de los integrantes.

Siete integrantes de la banda que fue conocida públicamente por las violentas “entraderas” que alguno de sus integrantes habrían cometido en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia y cuyo organizador al momento de los allanamientos se encontraba detenido en la Alcaidía Policial cumpliendo condena de 8 años por robos agravados, se reunieron nuevamente ayer en la Oficina Judicial, dos de ellos con prisión preventiva. Ellos son Héctor Oyarzo y Esteban Soto, imputados por la Fiscalía como organizadores de la asociación. Ambos fueron asistidos por la defensora pública María de los Angeles Garro. Soto estaba siendo representado por Sergio Romero, pero ayer ante los insistentes llamados de la Oficina Judicial el abogado no respondió.

Garro además representó a Bruno Gómez, Fabián Nahuelpan y Oscar Vejar, mientras que a Bruno Vargas lo asesoró su defensor Daniel Fuentes y a Nicolás Aynol su abogado Guillermo Iglesias. Los otros dos imputados, Carlos Rivas y Pablo Nievas, no comparecieron porque tienen presentaciones ante la Oficina Judicial y estaban en sus respectivos trabajos.

FALTA TIEMPO

El pedido de Bartels y del fiscal Héctor Iturrioz de ampliar a cuatro meses más el plazo de investigación inicial se fundó en que faltan transcribir 11 discos compactos de las escuchas telefónicas y realizar la apertura de 50 elementos electrónicos (tablets, notebook, teléfonos) en Rawson.

Bartels solicitó la prórroga ya que no han llegado a la Fiscalía aún las fichas dactilares de alguno de los integrantes de la banda que la fiscalía necesita comparar con los legajos de robos agravados cometidos en Santa Cruz.

Según Bartels, con este tipo de pesquisas concluidas se podrían sumar otros casos con autores ignorados a partir de elementos recolectados en las escuchas telefónicas. Además, dijo la acusadora que no se ha podido realizar aún una pericia sobre un vehículo secuestrado a Nahuelpan porque la Policía no tenía la llave para acomodarlo por lo que se solicitó la llave al imputado que dijo que según referenció su mujer, cuando la Policía secuestró el vehículo con grúa policial se llevó la llave.

Además se sumó un informe del RENAR que dio cuenta de la identificación de un arma secuestrada. Se trata de un revólver calibre 32 que habría sido robado de un domicilio de un coleccionista al que le llevaron 40 armas de fuego. Esta causa complicaría a uno de los imputados.

SE PERDIERON LAS HUELLAS

En tanto, el imputado Vargas dijo que las huellas se las habían tomado junto a Gómez hace ya alrededor de un mes, luego de una audiencia, pero según la Fiscalía las huellas aún no habían llegado a la Fiscalía y no estaban anexadas de manera oficial al legajo, por lo que Odorisio consultó la causa y se encontró con algunas desprolijidades, además de la falta de huellas que debían estar anexadas y que ahora ocasionaban esta demora.

“Una oficina policial no puede atender hasta las 12, no es una oficina municipal” reclamó públicamente el juez penal que pidió celeridad en el trámite y que la Fiscalía informe si cabe una sanción administrativa al respecto.

“Si está cerrada la oficina, que se labre un acta; no puede estar cerrado como si fuese un comercio de la zona”, dijo el juez Odorisio.

La mayoría de los defensores no se opusieron al pedido de prórroga pero Fuentes y Garro compartieron que la Fiscalía ya había tenido tiempo para hacer las pericias y que por problemas técnicos no podían afectar la libertad de sus asistidos, por lo que propusieron dos meses de plazo. Todos los defensores, junto a Guillermo Iglesias, argumentaron que los peligros procesales estaban debilitados en esta etapa.

El abogado Fuentes solicitó salidas laborales para Vargas y dijo que un empleador de la empresa Constructora Leoncio Gatti, que realiza servicios para la Municipalidad, se comprometía a trasladarlo.

“Esta opción laboral no se le presenta a todas las personas en época de crisis; estamos sino sacándolo de sistema y se convertiría en un ‘cadáver civil’. Las penas no pueden trascender al imputado, ya que él tiene un hijo menor”, dijo.

El pedido del defensor será analizado en una nueva audiencia ya que el fiscal Iturrioz dijo que en la anterior presentación el hombre de apellido Antilef había entregado una constancia de empleo que ahora la Fiscalía investigaría como presunto delito de fraude.

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