El Departamento de Justicia de EE.UU. se presentó como "amicus curiae" (amigo de la corte) ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, respaldando la estrategia argentina para mantener la suspensión de la orden emitida por la jueza Loretta Preska.

En junio, la jueza Preska había dictaminado la transferencia inmediata de las acciones en poder del Estado argentino a los fondos Burford y Eton Park, quienes ganaron el juicio por la expropiación de 2012. No obstante, la ejecución de esa orden fue temporalmente suspendida gracias a una apelación presentada por Argentina, que ahora está siendo revisada por un tribunal superior.

Según el analista Sebastián Maril, el apoyo de Washington podría ser clave para que la Cámara de Apelaciones mantenga la suspensión preventiva. Sin embargo, es importante destacar que la intervención de EE.UU. no respalda el fondo de la apelación sobre el monto del fallo, sino que se centra en la defensa de la inmunidad soberana de Argentina. Este argumento ya había sido utilizado por la administración de Joe Biden en 2023, aunque sin éxito ante la jueza Preska.

El cronograma judicial es apretado: Burford presentará su oposición a la suspensión el 17 de julio, y Argentina responderá el 22 de julio. Posteriormente, se sortearán los tres jueces que definirán si la orden de Preska queda sin efecto hasta que se resuelva la apelación de fondo, un proceso que podría extenderse hasta 2026. Si el tribunal rechaza el pedido argentino, la transferencia de acciones podría activarse de inmediato.

El litigio se originó por una demanda del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que acusó al gobierno de Cristina Kirchner de no respetar el estatuto de YPF al expropiar la petrolera en 2012 sin ofrecer el mismo trato a todos los accionistas, como sí se hizo con Repsol. El monto inicial de la sentencia de 16.100 millones de dólares ya ha ascendido a 17.750 millones con los intereses acumulados, y otros acreedores también están evaluando la posibilidad de reclamar pagos con acciones de la petrolera estatal.