Carlos Jurich fue este lunes el vocero del Ente de Control de Servicios Públicos (EnCoSeP) que recordó que la audiencia pública era no vinculante y que se realizaba para atender los argumentos de la SCPL para solicitar un nuevo aumento en los servicios que presta.

El funcionario recordó que “se aplica una fórmula matemática sobre los costos y eso se traslada al servicio”, resaltando que en esta ocasión se contaba con “información más amplia porque el reclamo en otras audiencias era tener acceso a los balances de la concesionaria”, lo cual ahora se cumplió.

Destacó también que como la SCPL es una empresa estatal, el Estado no puede intervenir en sus cuestiones internas, ya que ello es competencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Añadió que el ENCOSEP no puede más que mirar los costos porque la ordenanza 6050 aplica una fórmula matemática para los reajustes. “Quien tiene la potestad de modificar los cuadros tarifarios es el Legislativo, no nosotros”, apuntó Jurich.

EL AJUSTE DE MILEI

“Recuerden que Nación retiró todo el esquema de subsidios y a partir de abril nos vamos a encontrar con otra realidad. La tarifa general de energía para el mes de enero (la SCPL tiene en sus facturas un delay de 2 meses) es de un 37,69%; para febrero la que más se va a incrementar es la energía comercial que se divide en dos fronteras, más o menos de 800 kw/h. Los de menos de 800 -que son la mayoría de los comercios de barrio– tendrán un impacto mayor porque les retiraron todo el esquema de subsidios y van a tener un incremento del 182%”, anticipó Jurich.

En tanto, para quien consume más de 800 kw/h –ya sin subsidio-, el aumento será de un 87,27%.

Mientras, el agua para enero tendrá un 40% de reajuste, y la energía para febrero en residencial subirá un 48,67%.

DESDE LA COOPERATIVA

Por su parte el gerente general de la SCPL, Ezequiel Suazo, indicó que la fórmula de actualización (ítems no controlados por la concedente) comprende el precio de energía, de agua en block, paritarias, e índices del INDEC, aclarando que allí “no juega la cantidad de empleados, que está establecida por contrato de distribución, mientras que el VAD se establece actualización en base al IPIM general. Esta fórmula se usa en muchas distribuidoras del país como EDENOR y EDESUR”.

“En la documentación agregamos la presentación de balances a junio 2023. En agua y cloacas hubo ingresos por 4.900 millones en el año; valor de compra de agua por 2000; gastos operativos por 4.800; gastos de administración de 1500; otros ingresos por 500, lo que resulta un quebranto de 3.191 millones anual. El quebranto equivale a un 65% de los ingresos del servicio”, sostuvo Suazo.

En energía eléctrica –continuó- “hubo ingresos por 10.000 millones; compra de energía 5958; gastos operativos 5.467; gastos de administración 2546; resultados financieros 4400; otros ingresos 1463; lo que redunda en un quebranto de 6570 millones en el ejercicio”.

Esto equivale al 63% de la recaudación del servicio, en tanto “los intereses que cobra la proveedora Cammesa para que no nos atrasemos en el pago hace que toda deuda que no podamos cubrir se acumule y se vuelva exponencial, como está pasando”.

El gerente afirmó que “en 2022 pudimos sanear la deuda con un plan de pago a 8 años; después actualizamos la estructura de costos y con los nuevos valores -sin contemplar intereses de la deuda- la prestación del servicio tiene un costo mensual de 3.800 millones, más el saneamiento de 2.000 millones”.

Añadió Suazo que “también incluimos un compromiso de obra que debe ser cumplido con la recaudación e insumos dolarizados”, citando como ejemplo la colocación de macromedidores (15 en 3 años); dos reguladoras; la rehabilitación del acueducto Rada Tilly y el cambio de traza del ubicado en el Cordón Forestal. “Eso valorizado son 631.000 dólares”, precisó el contador.

LA TEMIDA ACTUALIZACION DE VALORES

Luego destacó que “el ultimo pedido de ajuste de tarifas que se trató en enero se pidió el 24 de noviembre y llevó 49 días. Desde esa fecha a hoy pasaron 108 días y estaba calculada a valores a octubre 2023. En el medio hubo devaluación y un gran proceso inflacionario. Recién ahora en marzo recaudamos de acuerdo a los precios de octubre”. Recordó Suazo que “el pedido actual se realizó el 9 de febrero y se empezaría a facturar en abril, con vencimientos abril- mayo y actualizando a valores de referencia de diciembre a febrero”.

También citó otros aumentos pendientes, como los acordados en paritarias con los empleados. En el caso del agua se trata de un 54%. Y hubo aumentos de agua en block del 72%, sin olvidar la inflación de mayo a enero, que fue de un 175%. En energía, en tanto, las paritarias establecieron un 50% de incremento salarial.

“Estos valores son a enero e impactan en la estructura con un 37% de aumento a todos los usuarios por igual. A esto se suma el nuevo valor de la energía con la eliminación de subsidios. Y también incide mucho la actualización del precio de potencia y de transporte que estaban congelados desde 2022 e incidían menos del 1% por kw. A partir de este aumento inciden con el 5% en el valor final; y el valor de la potencia pasó a aumentar un 3.200%: incidía con menos del 1 y ahora representa el 10% en el precio final. Es decir que no juega solo el aumento en los distintos segmentos, sino que suma estos otros valores”, afirmó Suazo.