Gran parte de las 4.719 personas de Santa Cruz que eran beneficiarias del programa nacional “Volver al Trabajo” eliminado recientemente por el gobierno de Javier Milei, residen en Caleta Olivia.
Individualmente venían recibiendo una exigua ayuda económica mensual de 78 mil pesos y a partir de este mes dejarán de circular poco más de 368 millones de pesos en esta provincia, lo que agudizará las economías de familias de bajos recursos y el circuito comercial
Ese impacto se reflejará principalmente en localidades donde reside la mayoría de la gente que venía percibiendo el exiguo aporte que incluso fue congelado hace varios meses y se minimizó por el proceso inflacionario.
Caleta Olivia será una de las ciudades santacruceñas más afectadas por este ajuste implementado por el gobierno de LLA y a través del Polo Obrero, se sumarán a la presentación de acciones legales instrumentadas por movimientos sociales y piqueteros de todo el país.
ELCONCEJAL APARICIO PIDE REVERTIR DECISION
En este contexto, el concejal justicialista Carlos Aparicio (foto), presentó un proyecto de Resolución en el que se expresa el rechazo a la medida y se solicita al Gobierno Nacional “la revisión urgente” de la decisión, así como la implementación de políticas que garanticen la continuidad de la asistencia y la inclusión laboral.
“El cierre del programa Volver al Trabajo afecta a muchísimas familias de nuestra ciudad que encontraban en esto una ayuda que, si bien no les resolvía la vida, sí les daba una contención”, sostuvo el edil.
Asimismo, remarcó que “su eliminación implica la interrupción de ese ingreso en un contexto de crisis económica. En ciudades como Caleta Olivia, con una estructura laboral limitada, el impacto se traslada de forma directa a las economías familiares y al circuito comercial”.
“Esto va a traer consecuencias de manera directa para esos vecinos, pero también para el giro económico de nuestra ciudad”, advirtió, reprochando además que “donde se ajusta es con los trabajadores y sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, incluidos quienes desarrollan tareas en espacios comunitarios, productivos y de la economía popular”.
El proyecto también explica que la eliminación del programa implica un retroceso en materia de políticas activas de empleo y deja sin ingresos a miles de beneficiarios en todo el país, afectando no solo a las familias sino también al entramado social que sostienen organizaciones territoriales.
Finalmente, el edil insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional revierta la medida de manera urgente.
