La comisión de receso del mes de enero en el Concejo Deliberante había avanzado en dar despacho a la autorización de aumento en el servicio de agua y saneamiento en tres etapas, complementado un 25%, luego el 20% y un 15% final para recomponer la recaudación del servicio. Esa aprobación se había hecho ad referéndum de la primera sesión de ayer, en la que el Concejo avanzó con una propuesta diametralmente opuesta, ya que más allá de atender los incrementos de los costos que no dependen de la ciudad como poder concedente, fija un nuevo esquema para la prestadora en cuestiones centrales como su apertura de costos, elevación de la información, y discriminación de componentes del precio puesto al cobro a los usuarios, entre otras cosas.

Para atender el caso puntual de la SCPL puede indicarse que del precio total que facturan a cada usuario por el servicio de energía, el 47% de la tarifa atiende a la mano de obra, el 38% a la compra de energía, y el restante 15% a otros costos. En el caso del agua, las proporciones se dan en un 58%, 38% y 12% para los ítems mencionados.

Así, el municipio que hasta marzo de 2016 tenía vigente el passtrougth -formula de actualización automática de tarifas - y que es quien tiene potestad para la fijación de tarifas, no tiene incidencia ni potestad alguna sobre la mayor parte de los costos: el precio de compra de energía a las mayoristas lo fija Nación, y el del agua la Provincia, y los salarios se acuerdan en paritarias.

Es en ese esquema, y teniendo en cuenta que la ordenanza 6050 que rige los servicios públicos concesionados en esta ciudad data de 1996, sobre la base de una carta orgánica que ni siquiera preveía la conformación de un Ente de Control de Servicios Públicos, el Concejo aprobó ayer un nuevo procedimiento para la adecuación tarifaria de los servicios de energía eléctrica, alumbrado público, y distribución de agua y cloacas.

Guillermo Almirón (FpV) fue quien planteó todos los antecedentes que confluyen en esta norma, que se agregará a la ordenanza mencionada, e incluso pasó revista por los distintos pedidos de tarifa que presentó la prestadora durante 2016, los ajustes nacionales y la tarifa de referencia fijada a nivel provincial.

Más allá de este contexto, lo central a señalar es que si bien el incremento no opera de modo inmediato, este se dará de todos modos por los mayores costos en el caso de agua, y por la suba resuelta a nivel nacional en el precio de la energía. Sobre esta última, si bien no se anticiparon porcentuales, se señaló ayer que es "muy importante".

NUEVAS REGLAS

PARA LA SCPL

El nuevo procedimiento determina entre otras cosas la "reformulación" de las condiciones de prestación, "debiendo cumplir con los análisis y adecuación de los servicios que presta la concesionaria" de parte del Ente de control, tal y como es obligación para el organismo, junto a un régimen tarifario integral y normas de expansión de los servicios.

Para ello, la SCPL deberá proveer toda la información y los requerimientos del Poder Ejecutivo para las metas que se impongan a la prestación, pero en un punto clave en lo que hace al acceso a la información por parte del usuario, se subraya: "la SCPL deberá detallar en su facturación su costo de compra de energía eléctrica, el costo de compra de agua, y el costo salarial" incorporando todos esos conceptos en función de los consumos registrados por el usuario.

En cuanto a las tarifas de servicios que varíen por la aplicación de conceptos no controlados por concedente y concesionaria, las actualizaciones solo podrán darse con dictamen favorable del Ente de Control, la refrenda del Ejecutivo, elevación al Concejo y la convocatoria a audiencia pública.

También se disponen entre otros puntos una auditoría permanente y la obligación de un informe de obras trimestral por parte del Ente vinculado a los servicios, y también un informe de obras a futuro.