El Defensor del Pueblo objetará la resolución de la secretaría de Energía

El Defensor del Pueblo de Chubut, Héctor Simionati, calificó ayer de "ilegal y arbitraria" la resolución de la secretaría de Energía de Nación que dispuso que el usuario, con un aporte mensual durante dos años, compense a las empresas distribuidoras de gas por la diferencia cambiaria que se produjo desde abril a la fecha.

La resolución que el viernes publicó la Secretaría de Energía de Nación que conduce Javier Iguacel, por la que impone al usuario el pago de la diferencia económica que produjo la estampida del dólar de abril a la fecha, sigue generando rechazo y cuestionamientos. Ayer incluso fue denunciado de “abuso de autoridad” por un fiscal de la Nación insospechado de kirchnerista, ya que fue uno de los que comandó la búsqueda de supuestas bóvedas subterráneas en Santa Cruz, Guillermo Marijuan.

En Chubut, en tanto, el Defensor del Pueblo, Héctor Simionatti, no dudó ayer en calificar a esa disposición como “injusta, arbitraria e insólita” y adelantó que en las próximas horas, tal vez junto con otras defensorías de la Patagonia, presente una observación para que la resolución quede sin efecto.

“ABSOLUTAMENTE ILEGAL”

En diálogo con El Patagónico, Simionatti consideró que la resolución motivó una serie de contactos telefónicos con otros organismos vinculados a la defensa de los consumidores y también con la Fiscalía de Estado, con la que en su momento se objetó el aumento del precio de gas en boca de pozo.

“La resolución es ilegal, de eso no hay duda. Además no respeta siquiera los parámetros que el gobierno fijó en las audiencias públicas que, dicho sea de paso, están vaciadas de contenido. Vamos a hacer presentaciones. Tenemos que resolver si lo hacemos solos, o si avanzamos en la organización nacional de Defensores del Pueblo”, explicó.

Simionatti indicó que la cuestionada resolución “lo que hace es fijar el marco” y que es el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) el que debe establecer el mecanismo y forma de pago. “La resolución, por otra parte, es difusa. No especifica importe, ni distribución. Sólo se habla del pago de 24 cuotas a partir del primero de enero”, detalló.

Más allá de esas zonas grises o no precisadas, el Defensor insistió en que la resolución “no puede implementarse; afecta principios básicos constitucionales y se está afectando de manera profunda al usuario que ahora, insólitamente, tiene que pagar a las empresas por el cambio del valor del dólar, en el que no tuvo nada que ver y también fue perjudicado”.

El Defensor del Pueblo de Chubut no pudo precisar ayer cuándo se realizarán las presentaciones legales. “Estamos con contactos para ver si lo hacemos nosotros o en conjunto. Lo cierto es que es una medida que, insisto, no puede prosperar de ninguna manera. Es ilegal y viola principios de racionalidad y progresividad”.

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