El diputado Muñiz y Gastón Berardi fueron denunciados por “cohecho”

La denuncia presentada por las asambleas antimineras contra el diputado Gustavo Muñiz y el referente de la empresa Yamana Gold, Gastón Berardi, es por “cohecho” y “negociación incompatible con la función pública”. La denuncia alcanza tanto al referente de la minera, como al diputado, pero incluye a otros catorce legisladores que aprobaron el proyecto de ley de zonificación minera el 25 de noviembre.

La fiscal general de Rawson Griselda Encina tiene a su cargo La denuncia realizada por la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCh). La misma se encontraba en etapa de evaluación en días previos al inicio de la feria judicial que se extenderá hasta el 31 de enero. Se trata de una instancia dispuesta en el Código Procesal Penal de Chubut.

La denuncia tiene fecha de ingreso formal el 1 de diciembre y fue realizada por los militantes antimineros a partir de una fotografía tomada el 25 de noviembre de 2014, en la Legislatura de Chubut, en medio del tratamiento del proyecto para prohibir la actividad minera en toda la provincia. La fiscal general Encina se abstuvo de brindar mayores datos acerca de la denuncia realizada y los pasos a seguir, hasta tanto no se tomen las correspondientes medidas y la evaluación de sus resultados.

Al respecto destacó lo normado por el artículo 281 del Código Procesal de Chubut referido al carácter de las actuaciones y que indica que “el procedimiento preparatorio será público para las partes o sus representantes, pero no para terceros, salvo las audiencias orales”.

OTRAS DENUNCIAS

Además, Encina confirmó que la denuncia plantea la existencia de “Cohecho” y “Negociación incompatible con la función pública”, que según los denunciantes está probada por la foto que circuló del celular de Muñiz durante la sesión del 25 de noviembre.

A la vez piden que la investigación se haga extensiva a los catorce diputados que firmaron el proyecto de ley presentado por el Frente para la Victoria en la sesión de ese día.

Hay que recordar que la fotografía registró un intercambio que el diputado habría mantenido con el referente de la empresa: “Podría corregirse un término del artículo 4, debería decir abarcando la región oeste”, expresa el texto que el diputado recibió en su celular.

La abogada Silvia de los Santos, que patrocina a los querellantes indicó que se plantea la existencia de negociación incompatible con la función pública, porque la negociación pública existe para todos, cuando hay un beneficio personal o a favor de un tercero se está ante este delito, hay una incompatibilidad.

Del mensaje se desprendería la evidencia de este delito. Después de la sanción de la ley se detecta “el beneficio a las empresas mineras, en particular a Yamana Gold y se hicieron las modificaciones según lo expresado en el mensaje”, planteó.

Además, se presupone que esta conducta fue motivada por un beneficio o incluso una promesa económica o de tinte económico a él o los diputados, argumentó la abogada.

Asimismo, indicó que no descartan avanzar con otras presentaciones por “la falta incumplimiento de los deberes de funcionario público al no tratar en tiempo y forma la Iniciativa Popular y por la denegación de Justicia que pedía garantías para los vecinos que habían concurrido a la Legislatura”. 

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