Los proyectos tienen como fin modernizar la gestión provincial, garantizar la soberanía sobre los recursos naturales y optimizar el financiamiento del sistema de salud pública.

En lo que respecta salud, solicita que los sectores privados paguen lo que deben, para lo cual propone la creación de la Agencia Provincial de Recupero de Costos de Salud.

Este ente permitirá que la provincia cobre de manera ejecutiva a las Prepagas, ART y Compañías de Seguro por la atención que sus afiliados reciben en los hospitales públicos.

“No es un impuesto al vecino, es exigir que las empresas con fines de lucro dejen de ser subsidiadas por el Estado santacruceño”, manifestó el legislador.

SOBERANIA HIDRICA

Otro de los proyectos alude a la “soberanía hídrica” y en ese contexto plantea una reforma del canon hídrico industrial que apunta a financiar obras en localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado.

La iniciativa establece un esquema diferencial: las empresas que utilicen agua subterránea -considerada reserva crítica- deberán pagar el canon sin beneficios, mientras que aquellas que inviertan en desalinización o reutilización de efluentes podrán acceder a bonificaciones de hasta el 100%.

El objetivo es doble: ordenar el uso del recurso y generar fondos específicos para infraestructura hídrica en una región históricamente afectada por la escasez.

Además, el proyecto incorpora controles más estrictos mediante la instalación obligatoria de caudalímetros digitales con monitoreo en tiempo real, lo que permitiría al Estado tener trazabilidad efectiva sobre el consumo industrial.

FUTURO VERDE

En otro capítulo de su plan sustentable señala que Santa Cruz debe posicionare a la vanguardia global con dos leyes complementarias sobre el mercado de carbono.

La primera está referida a la creación de un Régimen de Servicios Ecosistémicos, que permita al Estado provincial inventariar y comercializar activos ambientales públicos cuales son los bosques de macroalgas del litoral patagónico (“Carbono Azul”) y las turberas y estepas fiscales (“Carbono Verde”) a fin de generar ingresos genuinos en divisas destinados a equipamiento hospitalario e infraestructura hídrica.

La segunda ley apunta a crear crea un marco de promoción para que el sector privado desarrolle sus propios proyectos de carbono con seguridad jurídica, incluyendo exención de Ingresos Brutos y estabilidad fiscal por diez años, exigiendo a cambio que al menos el 20% de los costos operativos generen empleo y contraten bienes y servicios locales.