El Estado argentino reconoció haber vulnerado los derechos de Lucía

"Las niñas son niñas, y deben poder ser niñas, no ser forzadas a hacer cosas de adultos, como gestar. Nadie tiene derecho a decidir lo contrario." La sentencia fue pronunciada por una de las comisionadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este viernes durante una audiencia en Washington para analizar los obstáculos que el Estado argentino pone a las niñas y adolescentes para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando quedan embarazadas tras una violación, con el caso de Lucía como testigo.

"El Estado vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones tucumanas solicitando que se garantice su derecho a la ILE", reconocieron los representantes del Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH convocó la audiencia especial ante el reclamo elevado por Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina) que llevaron el caso Lucía como un "testigo para entender lo que le sucede a niñas argentinas víctimas de violencia sexual", indicó la directora ejecutiva de ANDHES, Fernanda Marchese, que no dudó en calificar como "tortura" los embarazos forzados.

"El propósito que tuvo el estado fue utilizar el cuerpo de Lucía, para hacerla llevar un embarazo contra su voluntad y obligarla a ser madre, por razón de género. La imposición de la maternidad anula la autodeterminación de las niñas y las instrumentaliza", completó la coordinara nacional de CLADEM, Celia Debono. "Implica, en realidad, una suerte de política pública de hacer incubadoras a las niñas pobres", subrayó la especialista.

La respuesta de los comisionados de la CIDH fue unánime al condenar la vulneración de derechos por parte del Estado argentino e incluso advirtió sobre el entramado de presiones en los que intervienen la Iglesia y las antiderechos-en-el-congreso">organizaciones antiderechos.

Así como la resistencia de las 6 provincias que aún no adhirieron a la ILE o que restringieron su aplicación. "La responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal", aseguró la comisionada Flavia Piovesan.

La titular de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, resaltó también la obligación del Estado argentino en garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI), mientras que el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva fue contundente en la perspectiva de salud pública que debe tener el abordaje sobre el aborto. "El misoprostol debe estar en la canasta familiar", sostuvo.

El respaldo de la CIDH al reclamo de las organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de la niñez y la adolescencia se suma a la intimación hecha en marzo pasado por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico