El ex procurador general Eduardo Samamé tiene un encono casi personal con el ex gobernador Mario Das Neves. Es justamente al actual diputado nacional a quien responsabilizó por la destitución en un polémico juicio político en 2008 que fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia en 2012.
En 2008, Samamé (que antes fue diputado provincial por la UCR y síndico del Banco Chubut) fue destituido e inhabilitado por cuatro años para ejercer cargos públicos. Fue el resultado confirmado por los 6 votos de legisladores del PJ, 4 del ProVeCh y uno del PACh. Pero cuatro años después, los jueces del Superior anularon la decisión basándose en las presuntas irregularidades administrativas y jurídicas que se cometieron entonces.
Para esa Sala de Juzgar, Samamé fue encontrado responsable de cuatro causales de mal desempeño. Además, lo sancionaron con no poder ejercer cargos públicos durante cuatro años. El ex procurador responsabilizó por su destitución al entonces gobernador.
“Esto es un avance sobre la independencia del Ministerio Público Fiscal y además es una advertencia durísima al resto de los integrantes del Poder Judicial”, cuestionó Samamé. “Acá el que decide en general es el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, con los 21 votos que tiene, es el gobernador de la provincia de Chubut”, dijo.
A Samamé lo destituyeron con 11 votos contra dos de los integrantes de la Sala de Juzgar de la Legislatura. Seis diputados del Partido Justicialista, cuatro del Provech y uno de PACh aportaron los votos para la remoción del funcionario, mientras que el legislador del ARI y el del radicalismo votaron en contra.
POLITICA Y JUSTICIA
Aunque los motivos políticos fueron más fuertes, apuntalados por el poder que había conseguido Das Neves en su segundo mandato con mayoría legislativa. Samamé podía molestar desde su rol en la Justicia a la gestión, en tiempos donde el ex gobernador quería impulsar su carrera presidencial.
El diputado Héctor Oscar García presentó el pedido de juicio político –el segundo en la historia de Chubut, luego del que destituyó a Roque González como gobernador en 1965–. Allí presentó los “graves hechos en los que ha incurrido el Procurador general de la provincia, Dr. Eduardo Samamé, configurativo de las causales de destitución”.
“En la prueba a producir surge claramente que el Procurador General ha dejado de cumplir obligaciones legales, como asimismo ha tenido conductas reprochables a nivel institucional, produciendo un descrédito en la opinión pública que hacen imposible su continuidad al frente del Ministerio que detenta, por lo que cabe su remoción por mala conducta y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaba García.
Los cargos formales por los que el Procurador fue apartado fueron cuatro: ejercer la superintendencia de la Procuración de manera arbitraria; no fijar una política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; negar arbitraria e infundadamente licencias ordinarias y extraordinarias a empleados directos y a los fiscales jefes; y omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de investigaciones y el resultado de las gestiones de los fiscales de cada circunscripción.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró nulo el juicio político en 2012. Sin embargo, el fallo no lo habilitaba para volver a su cargo. Y tampoco a acceder a los salarios caídos durante estos años porque el ex procurador se acogió a los beneficios de la jubilación antes de ser destituido.
Ahora, Samamé reaparece en el marco de su declaración por el supuesto pago de coimas en el proceso de renegociación del área de Cerro Dragón. Ante el fiscal Guillermo Marijuan -que ayer vino a Chubut en busca de documentación- describió el sistema de “pagos indirectos”.
La explicación de Samamé giraba en torno a las tres áreas en Chubut que tienen pocos indicios de petróleo. Se trata de Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios. Se intentó licitar esas áreas y como quedó desierta, Das Neves las entregó, sin costo, a la empresa Cliveden Petróleo Argentina SA. Tiempo después de adquirir las áreas desiertas, PAE las devolvió a la provincia sin reclamar nada a cambio.