El fiscal no acusará a exfuncionarios porque se quemó el expediente

Entre los eventuales beneficiados están Diego Correa, David Dahhur, Diego Lüthers y Federico Verdeau, yerno de Mario Das Neves.

El fiscal Alejandro Franco (foto) pedirá el sobreseimiento de los 11 imputados en la causa que investiga contrataciones irregulares por parte de funcionarios del Instituto Asistencia Social (IAS) y de personajes vinculados a ellos, como así también de dos intendentes de Chubut, porque la causa en cuestión es una de las más de 750 que se quemaron durante los ataques incendiarios de manifestantes antimineros, el 16 de diciembre del año pasado.

Será, de este modo, la primera causa de corrupción que quedará impune por una cuestión ajena a la investigación, aunque ya hay críticas contra el fiscal por no intentar reconstruir el expediente para sostener sus imputaciones.

La decisión de Franco ya está elevada y ahora sólo resta esperar que la Oficina Judicial de Rawson defina la fecha de la audiencia en la que se pedirá formalmente que todos los imputados sean beneficiados con el sobreseimiento, a pesar de que el propio fiscal había ampliado la acusación el año pasado contra todos ellos.

A comienzos de enero de este año, el procurador Jorge Miquelarena había adelantado que la Causa Lotería “se destruyó por completo”, y a pesar de que la acusación ya estaba definida y había una fecha de audiencia preliminar, “no sé de qué modo se va a poder reconstruir”, dijo aquella vez el jefe de los fiscales en declaraciones a FM Del Viento.

Miquelarena también aclaró que “cada fiscal tendrá que hacer la evaluación de cada caso en particular” y “con aquella documentación original que se haya quemado, ahí sí vamos a tener problemas. En los casos en que no se pueda continuar por falta de elementos, por falta de pruebas, la Fiscalía va a tener que pedir el sobreseimiento”, advirtió el procurador.

Eso fue, precisamente, lo que hizo el fiscal Franco ahora y que un juez deberá confirmar en breve. Según había trascendido, el acusador oficial iba a pedir 6 años y 6 meses de prisión para Diego Correa y David Josué Dahhur; 4 años de prisión para Diego Lüters, Jordan Emanuel Salinas, Martín Villegas, Federico Verdeau (yerno de Mario Das Neves), Oscar “Chito” Alarcón y Walter Ñonquepán; 3 años y 6 meses para Carlos Barbato, y 3 años para los exintendentes de Cholila, Silvio Bourdargham, y de Corcovado, Daniel Cárdenas.

GRAVES IMPUTACIONES

Franco había elevado su acusación contra el grupo por presuntos delitos tales como asociación ilícita, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado de servicio y falsificación de instrumento privado.

Según describía en su acusación, en diciembre de 2015, tras el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, Correa, Lüters y Dahhur usaron sus cargos en puestos claves de la Unidad Gobernador y el Instituto de Asistencia Social para beneficiarse con autocontratos mediante dos empresas: “Sepat SRL”, propiedad de Correa, y “Sono Empresa Integral de Eventos”, de la familia de Dahhur. A valores actualizados, “Sono Eventos” facturó $ 12.622.071, según las pericias.

Sumaron al grupo a Jordan Emanuel Salinas y Martín Ariel Villegas, primo de Dahhur. Los usaron de “prestanombres”: Salinas se presentaba como falso dueño de “Sono Eventos” y Villegas como apoderado. Presupuestaban, facturaban y cobraban contrataciones. Según el fiscal, operaron sin ningún conocimiento de los temas para los que los “contrataban”.

En otra parte de la acusación, a Dahhur y a Verdeau, entonces coordinador y gerente general del IAS, el fiscal les imputó pedir y autorizar 89 contrataciones de “Sono Eventos” para sonido, iluminación y pantallas led en el Bingo Trelew.

Franco consideraba por su parte que hubo un “desdoblamiento artificial” ya que debió ser un solo contrato para brindar los mismos servicios en el mismo lugar todos los fines de semana.

Pero según su hipótesis, dividiéndolos en 89 evitaron llamar a una licitación pública para lograr mejores precios con una competencia transparente y verdadera.

Fuente: Jornada

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