El fiscal Rivarola será el jefe de una Unidad Especial contra el Cibercrimen

El área fue creada por resolución del procurador general Jorge Miquelarena. El investigador de Rawson estará al frente. Pero no comenzará a trabajar hasta que no haya presupuesto suficiente en el Ministerio Público Fiscal. Le apuntan al grooming y a la pornografía infantil en Chubut.

El actual fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, será el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital. El procurador general Jorge Miquelarena la creó por resolución pero para ponerla en marcha aguardará que el Presupuesto del Ministerio Público Fiscal lo permita.

Según informó diario Jornada, la nueva Unidad funcionará con base en la capital y cuando las condiciones económicas estén dadas se designará personal y se organizará internamente.

Según los fundamentos de la Resolución 7/20, el objetivo es “combatir formas de delincuencias particulares”. En este escenario, el cibercrimen “es una realidad en creciente desarrollo con impacto concreto en nuestra provincia”.

“La gravedad y complejidad del fenómeno, su relevancia nacional e internacional y su crecimiento constante aconsejan potenciar la actuación del MPF Chubut en la materia, ampliando su capacidad de intervención”.

La frecuente naturaleza internacional de la comisión de estos delitos, la facilidad para cometerlos, la dificultad para obtener y preservar evidencia digital y su volatilidad “implica la necesidad de profundizar la capacitación de los operadores judiciales a atender expresamente estos desafíos y dificultades que la complejidad de estas investigaciones demanda”. Los nuevos modos del delito y el uso de nuevas tecnologías de la comunicación para preparar y ejecutar la mayoría de las figuras delictivas tradicionales van en aumento. “Hace necesario contar con magistrados, funcionarios y empleados capacitados para comprender el fenómeno delictivo, el lugar y el modo en que debe buscarse y preservarse la evidencia, tanto para acreditar la existencia de la conducta como para identificar a sus autores”.

SUS INCUMBENCIAS

La Unidad se concibió como “esencialmente multidisciplinaria, con énfasis en la especial capacitación de sus integrantes y la permanente actualización técnica y metodológica en la materia de investigaciones en el ciberespacio”. Actuará en los casos de Grooming cometidos por redes, ataques a redes o sistemas, denegación de servicio y sistemas sensibles.

También en estafas, defraudaciones y Ransonware. Esto, cuando una conducta delictiva incluya el uso de sistemas informáticos, con especial atención en el crimen organizado y casos en los que sea necesario investigar en entornos digitales, aun cuando no hayan sido cometidos contra o mediante un sistema informático.

Además en los casos del artículo 128 del Código Penal: pornografía infantil.

La Unidad podrá firmar convenios de colaboración con empresas de servicios y organismos nacionales y provinciales, intervenir y participar en redes nacionales e internacionales de lucha contra el cibercrimen y en contacto permanente con otras fiscalías especializadas y participar en campañas de concientización sobre mecanismos de prevención social. Será un órgano de consulta y asesoramiento para el resto de las Oficinas Judiciales que deban manejar evidencia digital en cualquier caso; asesorará a los fiscales sobre recursos tecnológicos, apoyo técnico, laboratorios, métodos de investigación, obtención, análisis y preservación de la prueba.

La Unidad desarrollará estudios acerca de reformas reglamentarias y legislativas necesarias, elaborará informes y diagnósticos sobre cibercrimen y desarrollará actividades de cooperación, divulgación y capacitación.

Pese a estos objetivos, Miquelarena apuntó: “De un tiempo a esta parte el sector público provincial viene atravesando una grave crisis que impacta de modo severo en las posibilidades de acción del Ministerio Público Fiscal”.

“Son conocidas las dificultades existentes, sobre todo en la reducción de recursos materiales para el mejor desarrollo de las funciones”, escribió. Déficit edilicio, falta de infraestructura adecuada, carencia de insumos y vehículos, endeudamiento por el pago de servicios esenciales y alquileres. “Todo impacta en la capacidad de obtener mejores resultados”. Este escenario “impone retrasar” la implementación efectiva de la Unidad hasta que mejoren las condiciones presupuestarias y financieras.

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