La crisis financiera desatada por la caída de Ueno Bank continúa generando consecuencias en Paraguay. Ante el riesgo de que numerosas empresas vinculadas a la entidad deban cerrar o reducir sus actividades, el Gobierno anunció una iniciativa para intervenir temporalmente en su administración y preservar los puestos de trabajo.

El presidente Pedro Alliana confirmó que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que contempla la designación de administradores independientes durante un plazo máximo de ocho meses.

La propuesta surge luego de la disolución de Ueno Bank, una de las entidades financieras con mayor cantidad de clientes del país, cuyo colapso también desencadenó una profunda crisis política.

Cómo funcionaría la intervención de las empresas

El proyecto propone establecer un régimen especial de administración temporal para determinadas compañías relacionadas con entidades financieras que atraviesen procesos de resolución.

De aprobarse, el Estado podría designar administradores independientes y apartar a los actuales directores, gerentes y apoderados generales de las firmas alcanzadas.

La finalidad sería ordenar las cuentas, preservar los activos y garantizar que las empresas puedan continuar funcionando mientras se resuelve su situación financiera.

“Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo”, expresó Alliana.

Qué pasará con los trabajadores y las deudas

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es garantizar la continuidad de los contratos laborales y priorizar el pago de salarios y aportes previsionales.

El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, aclaró que el Estado paraguayo no asumirá las deudas de las compañías intervenidas.

Asimismo, el proyecto contempla restricciones para impedir la transferencia de bienes, la distribución de dividendos, el pago de créditos a accionistas y los movimientos de fondos que no estén relacionados con el funcionamiento habitual de las empresas.

Estas medidas buscan evitar que los activos pierdan valor o sean transferidos mientras se desarrolla el proceso de administración temporal.

No todas las empresas vinculadas serán intervenidas

Desde el Ejecutivo aclararon que la medida no alcanzará automáticamente a todas las compañías que hayan mantenido relaciones comerciales con Ueno Bank.

La intervención estaría limitada a aquellas sociedades que cumplan determinados criterios de vinculación y control, excluyendo a las empresas cuya relación con el banco haya consistido únicamente en operaciones comerciales habituales.

El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, con participación de organismos estatales y del Banco Central del Paraguay.

Una crisis financiera con impacto político y económico

La disolución de Ueno Bank provocó una crisis que afectó a millones de clientes y comprometió fondos depositados por instituciones públicas y sistemas previsionales.

El conflicto también tuvo consecuencias políticas: Santiago Peña fue destituido de la Presidencia y Pedro Alliana asumió el cargo el 6 de noviembre.

Ahora, el Gobierno busca implementar nuevas herramientas legales para contener los efectos económicos de la crisis, especialmente sobre las empresas vinculadas al banco y sus trabajadores.

La iniciativa deberá ser analizada por el Congreso antes de entrar en vigencia. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que su prioridad es evitar la pérdida de fuentes laborales y garantizar la continuidad de las actividades productivas.