El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de transporte de gas natural que establece la eliminación de regímenes tarifarios diferenciales y la implementación de un nuevo esquema de precios unificados para los usuarios que contratan capacidad en los gasoductos.
La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en medio de la emergencia energética y de una fuerte exigencia sobre el sistema debido al incremento del consumo provocado por las bajas temperaturas.
Uno de los principales cambios es la derogación del Decreto 689/2002, una normativa dictada durante la crisis económica que permitía mantener en moneda extranjera determinadas tarifas de transporte de gas vinculadas con exportaciones y algunos contratos.
Según argumentó el Ejecutivo, las circunstancias excepcionales que dieron origen a ese régimen fueron superadas y mantenerlo vigente generaba diferencias entre los precios que pagan los distintos cargadores del sistema.
Cómo funcionará el nuevo esquema
El Gobierno estableció que la infraestructura de transporte ubicada dentro del territorio nacional deberá ser remunerada bajo criterios homogéneos.
Uno de los principales cambios alcanzará al Gasoducto Perito Moreno. Una vez finalizadas y habilitadas las obras de ampliación del tramo que conecta Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, todos los cargadores deberán pagar un precio unificado por la capacidad de transporte.
El nuevo valor se determinará mediante un promedio ponderado entre el precio correspondiente a la capacidad actualmente contratada y el costo de la nueva capacidad incorporada a partir de las obras de ampliación impulsadas por Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Podrán aplicar los aumentos de manera gradual
La normativa faculta al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) a implementar un esquema gradual para pasar de los valores actuales al nuevo precio unificado.
El objetivo es evitar modificaciones abruptas en los costos que deben afrontar las empresas que utilizan la infraestructura de transporte.
Desde el Gobierno sostuvieron que la reforma busca eliminar distorsiones tarifarias, establecer reglas homogéneas para los distintos actores del sistema y brindar mayor previsibilidad a las inversiones vinculadas con la infraestructura energética.
El nuevo esquema forma parte de la reorganización del sector energético que comenzó a implementarse el pasado 1° de mayo y que, según argumentó el Ejecutivo, apunta a otorgar estabilidad y certeza a las relaciones contractuales y evitar perjuicios para la actividad privada.