Hoy se cumple el plazo dado por el presidente del gobierno español de Mariano Rajoy para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, aclare si el martes último declaró o no la independencia. Se viven momentos de mucha tensión e incertidumbre por lo que podría significar una eventual intervención de la región autónoma de Cataluña y una profundización de la crisis política nacional.

Rajoy le dio al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, cinco días para responder y hasta ahora no lo ha hecho. Lejos de responderle al jefe del gobierno español, el líder regional eligió ayer a la mañana encabezar un homenaje a Lluís Companys, una figura muy simbólica en este momento.

Companys fue presidente de la región de Cataluña entre 1934 a 1940 y terminó siendo fusilado por el franquismo, después de haber sido capturado en Francia donde se había exiliado.

Durante ese homenaje, Puigdemont reivindicó “la paz, el civismo, la serenidad y la firmeza democrática como inspiradores de las decisiones que tenemos que tomar”, pero no dio una señal clara sobre cuál será su respuesta hoy o si habrá alguna.

Rajoy ya aclaró que si el líder catalán no responde, su gobierno nacional entenderá que Puigdemont sí declaró la independencia el martes último ante el Parlamento regional, cuando afirmó que asumía el mandato del pueblo de Cataluña para declarar la independencia, pero casi de inmediato instó a los diputados secesionistas a que dejaran en suspenso la decisión con el objetivo de abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo español.

Ahora Puigdemont está tironeado por España, pero sobre todo por los grandes grupos económicos locales que amenazan con trasladar sus oficinas si se confirma la independencia de Cataluña.

Al mismo tiempo, el presidente regional recibe presiones por parte la fuerza anticapitalista de izquierda, Candidatura de Unidad Popular (CUP), sus socios políticos en el gobierno, que amenazaron con romper la coalición si no se ratifica la declaración separatista. Sin ellos, el líder catalán no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento.

Pese a que se trató de una víspera sin grandes novedades, la tensión entre Barcelona y Madrid era clara.

Al llamado a la paz de Puigdemont durante el homenaje a Companys, le contestó el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien le pidió “hechos reales” y no “palabras vacías que suenen bien”.

Zoido destacó que el líder catalán “está a tiempo” de “reconducir” la situación y “volver a la normalidad institucional” y al marco legal que “suponga estabilidad en lo económico, estabilidad en la comunidad” regional, “acogiéndose al diálogo que ha ofrecido el gobierno de la nación”, según declaraciones a la prensa, citadas por la agencia de noticias nacional EFE.

También el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llamó al presidente del gobierno catalán a no dejarse “arrastrar” por una “minoría de radicales”, que “están buscando la confrontación” y a que no “traicione” a Cataluña y a la sociedad de esa región.

El gobierno de Rajoy fue claro y ya advirtió que si Puigdemont responde que sí declaró unilateralmente la independencia de Cataluña o si directamente no responde, su reacción será activar el artículo 155 de la Constitución que, previa aprobación del Parlamento, le permitirá intervenir la región autónoma y a su gobierno.

En el texto que Rajoy envió la semana pasada al gobierno catalán le dio cinco días para responder y hasta el próximo jueves para restablecer la legalidad, si es que declaró la independencia unilateralmente.

Muchos analistas sospechan que si hay una intervención de Madrid, ésta podría llamar a elecciones anticipadas en Cataluña.

Pese a que una intervención de Cataluña profundizaría la actual crisis política, Rajoy sumó durante la última semana a un aliado crucial en su puja con Barcelona, al líder del Partido Obrero Socialista Español (PSOE), Pedro Sánchez.

El líder socialista afirmó que apoyaba al gobierno al poner en marcha el mecanismo del artículo 155, ya que ante “cualquier amenaza al orden constitucional”, el PSOE siempre se coloca “del lado del Estado”.

Las medidas que tomaría el gobierno tendrían que ser aprobadas por mayoría absoluta del Senado, un trámite para el que no habría problema alguno porque el gubernamental Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, además, está seguro de que los socialistas las avalarían.

Además, Rajoy tiene el apoyo hasta ahora incondicional de los líderes de la Unión Europea y de los jefes de Estado y gobierno de los países vecinos, que han defendido sin matices la integridad territorial de España.