El sector público nacional vive un cambio importante tras la decisión oficial de quitar el plus por presentismo, un beneficio que premiaba la asistencia perfecta y podía llegar a $150.000 en algunos casos del centro del país.

Esta medida, formalizada en el Boletín Oficial, impacta a empleados del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo a quienes trabajan en la Casa Rosada, ministerios nacionales, organismos descentralizados y dependencias de la Administración Central.

El plus por presentismo funcionaba como un incentivo monetario para quienes no registraban inasistencias durante el mes. Con su eliminación, los salarios netos disminuyen y la incidencia varía según categoría y convenio, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el Gobierno, se afirma que de este modo busca simplificar la liquidación salarial y optimizar recursos, mientras que los empleados destacan que este beneficio era fundamental para su sustento frente a la inflación. La medida se suma a otras restricciones previas, apuntando a un ajuste en la planta estatal.

Además, la eliminación del presentismo implica la desaparición de un mecanismo que desalentaba el ausentismo, generando nuevas incógnitas sobre el control de la asistencia y el desempeño en el sector público en el futuro.